(L’exposició va ser en castellà, degut a que els membres del Grupo de Trabajo no entenien el català)
LA ASSOCIACIÓ MEMÒRIA DE MALLORCA, asociación debidamente inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
EXPONE:
Que se constituyó el 24 de febrero de 2006 en Palma y tiene las siguientes finalidades, de acuerdo con el artículo 2 de sus Estatutos:
1. El trabajo para la recuperación de la justicia, la verdad y la dignidad de las personas que sufrieron la guerra civil y la represión franquista en Mallorca.
2. Los trabajos de búsqueda que se derivan de la existencia de fosas comunes con restos humanos, correspondientes a víctimas de la guerra civil y de las represalias políticas del período 1936 – 1939 y en el período 1940 y adelante, en su caso, que no han sido identificadas.
3. Dinamizar un proceso que involucre al conjunto de la sociedad balear para recuperar la historia del periodo 1936 – 1977, para conocer y aprender de nuestro pasado e integrar la experiencia de las víctimas olvidadas de la represión franquista en nuestra comunidad.
4. Poner en conocimiento de la sociedad y de las instituciones públicas, incluida la Administración de Justicia, los datos que se conozcan, con el objetivo de recontar, identificar y describir las circunstancias de las represalias sufridas por las víctimas de la guerra civil y del franquismo.
A continuación se expone un informe de les hechos que provocaron en Mallorca miles de víctimas de detención ilegal, desaparición forzada, tortura, violación, fusilamientos y ejecuciones extrajudiciales de forma masiva y sistemática
Los golpistas militares del 36, así como los civiles que colaboraron con ellos, bien organizados en la Falange, bien a nivel individual o como institución, como el caso de la Iglesia Católica que apoyó el golpe de estado y participó con los represores, nunca actuaron de manera improvisada y sin control. La represión que ejercieron fue planificada y sistemática con listas preconcebidas y empezó en Mallorca el mismo día que se proclamó el bando de guerra (19 de julio de 1936). Desde el primer momento su intención fue generar una situación de terror que impidiera cualquier reacción contraria a sus intenciones por parte de la población. El sistema que emplearon para ello fue ir eliminando a todas aquellas personas que pudieran suponer un obstáculo para la consecución de sus fines. Para ello siguieron las directrices emanadas desde sus dirigentes y elaboraron relaciones exhaustivas de todas cuantas personas debían ser eliminadas.
En Mallorca no hubo posibilidad de respuesta armada al golpe militar. El Gobernador Civil, Antonio Espina, que se había negado a entregar armas a los ciudadanos que las reclamaban, fue destituido y detenido junto a las demás autoridades republicanas el mismo día 19 de julio. De esta manera no sólo no existió la posibilidad de defender al Gobierno legal y legitimo de la República, sino que ni siquiera existió la posibilidad de hacerlo por parte de aquellos que fueron secuestrados de sus hogares (en la mayoría de las ocasiones por la noche) y asesinados en cualquier lugar aún desconocido en estos momentos.
La represión en Mallorca tuvo dos momentos álgidos. En el primero los asesinos camparon a sus anchas eliminando a todos aquellos contenidos en listas preconcebidas elaboradas en cada pueblo. Los falangistas armados se presentaban en los domicilios de las personas que contenía la relación y se las llevaban. El destino siempre era incierto y suponía que la persona detenida era asesinada en cualquier cuneta, en las tapias de los cementerios, en la misma calle, en precipicios o pozos. De este modo fueron asesinadas centenares de personas, sin ningún juicio previo, a manos de grupos armados instigados por personajes como el gobernador civil Mateu Torres Bestard, o el jefe de la policía de Falange Francesc Barrado.
En otras ocasiones, el detenido era trasladado, en un primer momento, a la prisión del municipio y, desde allí y a los pocos días, a una de las prisiones habilitadas en Palma. La persona ingresaba en prisión como “Detenido Gubernativo”, bajo cualquier acusación (las más frecuentes eran el delito de sedición o de auxilio a la rebelión), con indicación de prisión provisional y a la espera de la decisión que adoptara el Consejo de Guerra. Los presos gubernativos estaban detenidos por orden directa del Gobernador Civil. Aunque la sentencia de este último fuera absolutoria, el preso no quedaba en libertad, sino que permanecía encarcelado “mientras duren las actuales circunstancias”. Sin embargo, y aunque pudiera parecer lo contrario, ingresar en determinadas prisiones de Mallorca no suponía salvar la vida.
Era habitual que, a media tarde, sobre todo en “Prisión Estaciones”, se nombrara a ciertos presos indicando que se preparasen para ser liberados. En el exterior les esperaba un camión repleto de falangistas que se los llevaban para, después de ser torturados en la comisaría de policía de Palma, hacerles desaparecer, negando la desaparición a sus familiares. Desde el primer momento, las conocidas como “sacas” se desarrollaron de forma metódica y sistemática. El proceso más habitual era hacer pública, de viva voz, la relación de personas que iban a ser liberadas en aquel mismo momento. Poco después desaparecían, la mayoría de los cuerpos nunca fueron recuperados por sus familiares. Aún hoy siguen sin conocer su paradero y las circunstancias de su muerte. En otras ocasiones, los presos de la prisión-barco Jaime I presenciaban como algunos de sus compañeros, después de ser golpeados, eran arrojados al mar con una piedra atada al cuello.
El segundo momento, intenta revestir de apariencia legal la represión. Aparecen tribunales militares juzgando a civiles bajo cualquier acusación o sospecha, sin ninguna garantía jurídica, sin ninguna oportunidad de defensa, y siempre con un final cruel: una condena a muerte o la imposición de una elevada pena de prisión acompañada por la incautación de todos sus bienes. El ingreso en la cárcel, no revestía ninguna garantía jurídica, tampoco suponía ninguna seguridad para el detenido.
Las víctimas y sus familias se convirtieron en hombres y mujeres marcados, sospechosos y culpables y sobre los que se seguía ejerciendo un control represivo por parte de las autoridades militares y policiales. Se suprimieron todas las libertades y derechos y se instaló una larga y dura dictadura de casi 40 años.
Muerto el dictador, el control del poder político, militar, económico, mediático, cultural y social lo seguían ejerciendo los que habían participado de la dictadura y se habían beneficiado de ella. La oposición política salía de las cárceles o venia del exilio y pacto con el poder el silencio y el discurso de pasar página.
Durante los primeros años de la democracia, los familiares de las víctimas, empezaron a preguntar dónde estaban los suyos, empezaron a denunciar su desaparición públicamente, a acudir a instituciones, a partidos políticos… pero no obtenían respuestas. Llamamos a muchas puertas, ya no se nos detenía como durante la dictadura pero tampoco se nos ayudaba, al contrario, se nos ponían trabas y dificultades para conocer la verdad, por eso, empezamos a investigar por nuestra cuenta y nos asociamos.
En el caso de Mallorca y nuestra asociación, un grupo de personas, familiares de víctimas, historiadores y juristas investigábamos casos de desapariciones forzadas en la isla. Decidimos convocar una reunión con familiares de víctimas desaparecidas, una reunión privada en la que pretendíamos informarles sobre sus derechos. Finalmente fueron ellas las que tomaron la palabra y relataron por primera vez las terribles historias que vivieron y su actual indefensión. A partir de esta reunión, los allí presentes tuvimos bien claro que no solo era su derecho denunciar sino y también era nuestra obligación.
La Asociación Memòria de Mallorca presentó denuncia en la Audiencia Nacional por Crímenes Contra la Humanidad de Detención Ilegal y Desaparición Forzada, el 15 de diciembre de 2006. Se ha personado en dicho proceso y ha agotado todas las instancias judiciales en España con el resultado en todas ellas desestimatorio de la causa.
Una vez agotadas dichas instancias en España, presento el 20 d’abril de 2011 la denuncia ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sin que a día de hoy, dos años y medio después, haya obtenido ninguna respuesta.
En febrero de 2012, en el Tribunal Supremo, formó parte de los Testigos de la Defensa en el proceso abierto contra el Juez Baltasar Garzón por haber intentado investigar los crímenes franquistas.
En setiembre de 2012, presentó una querella por Genocidio y/o Crímenes de Lesa Humanidad ante el Juzgado de lo Criminal y Correccional Federal nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires- Republica Argentina en la causa 4591/10. Así mismo, en el mismo juzgado y por los mismos motivos, presento 25 querellas individuales de familiares directos de víctimas que quisieron presentar su caso.
Nuestra asociación tiene investigadas sólo en la isla de Mallorca 57 fosas de la represión franquista que continúan sin exhumar, sin señalizar y, a pesar de haber entregado dicha investigación al Gover Balear, sin formar parte del mapa de fosas franquistas que el Gobierno Central publicó en la anterior legislatura.
En 1936 Mallorca no superaba los 300.000 habitantes. Las cifras que aportan los últimos estudios sobre la represión fascista en la Isla hablan de 3.000 personas asesinadas, pero tampoco el Gobierno Central y/o Autonómico han realizado un cómputo oficial de víctimas. Actualmente nuestra asociación tiene documentadas 1.599, más del 60% fueron, y son a día de hoy, ellas y sus familiares, victimas de desaparición forzada.
Un largo proceso que parece no terminar nunca, un largo camino que recorren las víctimas solamente acompañadas por asociaciones memorialistas. No han dejado de buscar, llamar y preguntar, no han dejado nunca de reclamar sus derechos y ni gobiernos ni instituciones han querido escucharlas, no han tenido jamás comisiones de investigación, la administración de justicia española y los gobiernos supuestamente democráticos las siguen desamparando, continúan, igual que en la dictadura, sin derechos y fuera del amparo de la ley
Por todo lo anteriormente expuesto, la Asociación Memòria de Mallorca
SOLICITA:
Sea aceptada esta exposición como elemento de prueba de que el Estado Español no cumple sus obligaciones en materia de desapariciones forzadas. Sus Tribunales de Justicia no investigan los hechos, ni sancionan a los responsables, ni reparan el daño causado a las víctimas. Queremos también con ella dejar patente que, actualmente, las víctimas de DF del franquismo siguen sin el derecho a un recuso justo y efectivo. Al no ser escuchadas, se encuentran totalmente indefensas y por tanto sometidas por parte de los poderes públicos a tracto cruel e inhumano. A pesar de ello no han dejado nunca de reclamar sus derechos y siguen a día de hoy luchando solas para conseguirlos.
Maria Antònia Oliver Paris
Presidenta Memoria de Mallorca.
En Barcelona, a 26 de setiembre de 2013-09-25