FELIPE ARMENDÁRIZ. (Diario de Mallorca, 14 de juny 2012)
La Associació Memòria de Mallorca solicitó ayer, en una apelación celebrada ante la sala primera de la Audiencia de Palma, amparo judicial para poder exhumar, identificar y enterrar dignamente a unas 90 personas que se supone fueron represaliadas durante la Guerra Civil y arrojadas a una fosa común en Porreres.
El letrado de Memòria de Mallorca, Bartolomé Oliver, solicitó ayer a la Audiencia que revoque un auto de un juzgado de instrucción de Manacor, que se declaró incompetente para investigar supuestos crímenes contra la humanidad cometidos en Porreres durante la Guerra del 36.
El abogado admitió ayer que, en el tiempo transcurrido desde que se dictó el auto, el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado claramente sobre la prescripción y exclusión de la posibilidad de enjuiciamiento penal de los autores de dichos delitos. No obstante, Oliver planteó a la sala la posibilidad de hacer uso de un resquicio abierto por el Tribunal Supremo en un auto del pasado mes de marzo. El Alto Tribunal apuntó en su resolución que los juzgados penales o civiles podrían ayudar a los familiares de los desaparecidos en la Guerra Civil a localizar sus restos, exhumarlos y darles una sepultura digna.
“Pues si hay algo inobjetable desde cualquier punto de vista –por imperativo del respeto debido a la dignidad de todas las personas (artículo 10,1 de la Constitución Española), y hasta por razones de policía sanitaria mortuoria– es que los restos de quienes hubiesen sufrido muertes violentas no pueden permanecer en el anonimato, ni fuera de los lugares propios del enterramiento. Y también cabe imponer a sus familiares el gravamen representado por tal clase de situaciones, moral y jurídicamente insostenibles”.
El auto señala que los juzgados penales deberían ayudar a las víctimas de esos hechos a la hora de abrir las fosas comunes, para datar la fecha de los crímenes (aunque estén prescritos) y a identificar los restos. El Supremo también indica a los familiares de los fusilados y represaliados que pueden acudir a un juzgado civil para identificar los restos y “darles digna sepultura”. La fiscalía se opuso ayer a la revocación del auto.
Maria Antònia Oliver, presidenta de la Associació Memòria de Mallorca, y una de las personas que primero denunció en España ante la Audiencia Nacional los supuestos crímenes contra la humanidad cometidos entre 1936 y 1939 y la postguerra, acudió ayer a la Audiencia. Oliver, con otros compañeros de su asociación, se sintieron decepcionados al no poder asistir a la apelación del auto. Este tipo de vistas normalmente se hacen a puerta cerrada, dado que son recursos de asuntos en fase de instrucción. La presidenta explicó que su intención es conseguir que los derechos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad se respeten.
“Necesitamos el amparo de la Justicia para poder abrir la fosa de Porreres, extraer los restos e identificar a las personas allí sepultadas, entre las que pensamos que se halla mi abuelo”, comentó. La denunciante añadió que se ignora el número exacto de personas sepultadas.