Declaració íntegra de la Presidenta de Memòria de Mallorca al Tribunal

1.    ¿A que asociación de Memoria Histórica pertenece?

Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca. Cuando presentamos la denuncia, actualmente y desde hace dos años, cambiamos la denominación en asamblea de socios por la de Associació Memòria de Mallorca.

2.    Esta asociación presentó denuncia el 15 de diciembre del 2006

Sí, es correcto

3.    ¿Está firmada por usted?

Sí, está firmada por mí

4.    ¿Qué delitos se denuncian?

Detención ilegal y desaparición forzada como delitos de lesa humanidad

5.    ¿De cuántas desapariciones daban cuenta?

En aquellas fechas atendíamos las solicitudes de búsqueda de 86 casos de desaparición forzada solicitadas por sus familias, por lo que presentamos 86 casos que eran los que teníamos investigados. Actualmente podemos documentar 1.600 víctimas, solamente en la isla de Mallorca,  

6.    ¿Qué hechos ponen en conocimiento en al denuncia?

Con un informe histórico documentado y contrastado por reconocidos historiadores de Mallorca,

– que los delitos denunciados fueron consecuencia directa del golpe de estado contra el gobierno legal y democrático de la II República;

– que la represión perpetrada por los golpistas fue planificada y sistemática y contra la población civil, empezando el 19 de julio del 36, fecha en que en la isla se proclamó el bando de guerra.

– que la isla quedo controlada por los golpistas desde el primer momento.

– que la población estaba desarmada y que las detenciones, asesinatos, ejecuciones, parodias de consejos de guerra y desapariciones fueron planificadas, sistemáticas y masivas, con lista preconcebidas empezando el mismo día 19 de julio.

Además de un informe jurídico constatando el carácter permanente de las desapariciones forzadas como  delitos de lesa humanidad y la imprescriptibilidad de dichos delitos.

Una relación de las victimes con los datos que disponíamos en aquella fecha y finalmente la petición de auxilio para encontrar las víctimas desaparecidas, la investigación de los hechos y la determinación de las responsabilidades penales  y  satisfacción de las civiles a que hubiere lugar. 

7.    Por qué denuncian estos hechos que eran tan antiguos?

Durante los 40 años de dictadura no se podía hablar, no había libertades ni derechos y mucho menos para las víctimas franquistas. Durante los primeros años de la democracia, precisamente por el largo periodo de 40 años de dictadura, muchas de las victimes creían que no tenían derecho. La generación de los nietos empezamos a saber que sí lo teníamos y empezamos a investigar. El proceso sufrió un retroceso a consecuencia del golpe de estado del 23 de febrero de 1981; poco a poco pero seguimos investigando y afianzándonos en que sí teníamos derecho a saber y el derecho a acceder a la justicia. En el caso de Mallorca y mi asociación, un grupo de personas, familiares de víctimas, historiadores y juristas trabajábamos en los casos de desapariciones forzadas en la isla, decidimos, antes de constituirnos como asociación, convocar una reunión con familiares de víctimas desaparecidas, una reunión privada en la que pretendíamos informarlos sobre sus derechos pero finalmente fueron ellos los que tomaron la palabra y relataron por primera vez las terribles historias que vivieron y su actual indefensión ante ellas. A partir de esta reunión, que está grabada, los allí presentes tuvimos bien claro que no sólo era su derecho denunciar sino y también nuestra obligación. Esto sucedió a finales de 2005. En febrero de 2006 constituimos la asociación y empezamos a elaborar la denuncia que finalmente pusimos a finales de ese mismo año, en la Audiencia Nacional, ya que había investigado delitos semejantes en Chile y Argentina; este hecho nos llenó de esperanza.

En el caso de desapariciones forzadas, son delitos permanentes, por lo tanto actuales.

8.    ¿Esta denuncia fue ratificada por usted?

Sí, efectivamente, y ampliada con 108 casos más de desapariciones forzadas, la mayoría de la comarca de Manacor.

9.    ¿Puede exponer su caso personal?

Mi abuelo y su cuñado, padre y tio respectivamente de mi madre, fueron detenidos durante los primeros meses del golpe de Estado; presos durante aproximadamente 6 meses; trasladados desde la prisión del pueblo donde vivían a la prisión “Estaciones”, conocida popularmente como Can Mir. Mi madre, una niña de 11 o 12 años, les llevaba comida y ropa limpia a la prisión, cuando los responsables de la prisión lo permitían. Eran civiles,  mi abuelo era un sindicalista de una sociedad llamada precisamente “La Justicia”, fundador y vicepresidente de la agrupación socialista de Inca, su pueblo natal. Un día de primavera del año 37, a mi madre, al llevarle la  comida,  le dijeron que lo habían puesto en libertad. Ella y mi abuela, acompañadas de otros familiares de víctimas, preguntaban y preguntaban… La respuesta de las autoridades (militares y Falange) fue que era un rojo cobarde que había huido a la zona roja, Barcelona o Menorca, o probablemente las había abandonado por otra mujer.

Mi abuelo y el tio de mi madre fueron víctimas de desaparición forzosa, víctimas de sacas de prisión. Testimonios nos cuentan que en Can Mir era habitual, día si y día no, llamar a los presos de noche y decirles que les ponían en libertad, pero salían maniatados y no les dejaban recoger sus pertenencias. Sabían donde iban, se despedían de sus compañeros, algunos vivos aún hoy y nos lo cuentan. Les decían: compañeros, no nos olvidéis. Fuera los esperaban fuerzas paramilitares de Falange que los llevaban directamente a la muerte.

Las autoridades negaban las desapariciones a las familias y las dejaban fuera del amparo de la ley.

Mi abuela preguntó hasta su muerte. Mi madre, con 87 años, continúa preguntando, y yo seguiré haciéndolo, porque tengo, tenemos,  en un estado de derecho,  derecho a saber.

Mi abuela cerró definitivamente sus heridas con su muerte, mi madre tiene 87 años y yo pretendo que pueda hacerlo con la Verdad, la Justicia y la Reparación. Creo firmemente que es la única manera de poder hacerlo.

10. ¿Se personaron con abogado y procurador?

Sí.

11. ¿Tiene constancia de investigación por parte de las autoridades?

No. La constancia que tengo es que no ha existido ni existe tal investigación

12. ¿Informaron los abogados deque se trataba de delitos prescritos y muertos?

No, al contrario, siempre hemos sabido que las desapariciones forzadas son una de las más graves violaciones contra los derechos humanos y que no prescriben, que son también victimas sus familiares, y que la angustia, la indefensión e inseguridad que padecen está contemplada como tortura por los tribunales internacionales y también estatales, y yo, que no soy jurista, afirmo que su dolor y sufrimiento tampoco prescriben, va transmitiéndose de generación en generación. Con este proceso se están abriendo nuevas heridas a las generaciones actuales y a las futuras. Va a ser muy difícil que las víctimas del franquismo vuelvan a confiar en la Justicia

13. ¿Presentaron queja?

Sí, al Consejo general del poder judicial

14.¿Por qué era la queja?

Por dilación.

15. ¿Por delitos de desaparición forzada de lesa humanidad?

Sí,  por esos delitos denunciamos.

16. ¿Cómo acabó?

El Consejo general del poder judicial nos contestó diciendo que no había habido tal dilación.

Preguntes de l’acusació:

1.    Dice que los delitos denunciados fueron consecuencia del golpe contra la forma de gobierno, pero ustedes no lo denuncian.

La denuncia es por desaparición forzada, que constatamos con un informe histórico en el que se exponen estos hechos.

2.    No le pido esto, ¿denuncian o no el delito contra la forma de gobierno?

No, pero sí lo ponemos en conocimiento a la administración de justicia con la denuncia.

3.    ¿Han recibido subvenciones de la administración pública?

En dos proyectos. El dinero recibido ha sido única y exclusivamente para pagar las nóminas de 3 becarios que cada día catalogan y fotografían las causas franquistas en el Juzgado Togado Militar de las islas, y otra parte para pagar los servicios de un profesional de la psicología para atender a las víctimas del franquismo que han sufrido graves violaciones contra los derechos humanos, y no tienen este servicio especifico actualmente, ni tampoco lo han tenido nunca.