M. CUART / EFE. Palma / Buenos Aires (Diario de Mallorca, 15 d’abril 2010)
La familia mallorquina Fullana Monserrat, residente en Argentina, se ha puesto en contacto con el abogado Carlos Slepoy para unirse a la demanda presentada ayer en los tribunales de Buenos Aires por organizaciones humanitarias de Argentina y España que pretenden que se investiguen crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Franco.
Julià Fullana Monserrat, directivo de la cooperativa socialista La Hormiga, de Llucmajor, fue detenido en febrero de 1937, cuando la sociedad fue convertida en local de Falange y se encarceló a sus responsables en el almacén de maderas de Can Mir, actual cine Augusta. Desde allí se cree que le trasladaron hasta Porreres, donde habría sido asesinado y enterrado en una fosa común.
Su mujer y su hijo, que aún vive, partieron entonces hacia Argentina, “y su rastro en el pueblo se borró física y socialmente”, según explica Maria Antònia Oliver, presidenta de Memoria de Mallorca, que apenas tenía constancia de la desaparición antes de que la familia contactara con la entidad. “Su hijo era pequeño, pero recuerda que trajo la comida a su padre al local de Falange, y que esa fue la última vez que lo vio”, apunta Oliver.
Memoria de Mallorca investiga ahora si otras familias se encuentran en su misma situación, pues los organismos humanitarios y el argentino Pérez Esquivel confían en que descendientes de otras víctimas se sumen paulatinamente a la querella por “delitos de genocidio y/o de lesa humanidad”.
El texto, presentado ante la jueza Servini de Cubría, abarca al período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, y se fundamenta en el principio de “jurisdicción universal” para juzgar crímenes de lesa humanidad contemplado en la Constitución de Argentina y “consagrado en el Derecho Internacional”, explica.
En España, sostiene, hubo “un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes”.
Darío Rivas Cando, en representación de la española Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, encabeza la demanda por el fusilamiento de su padre, Severino Rivas Barja, cometido en 1936 cuando era alcalde de la localidad de Castro de Rei (Lugo).
A su vez, Inés García Holgado denuncia crímenes contra varios de sus parientes, entre ellos su tío, Elías García Holgado, asesinado en 1937 luego de haber sido encarcelado cuando se desempeñaba como alcalde de Lumbrales y diputado provincial en Salamanca.