ELENA HERRERA (Público, 15 setembre 2010)
El alcalde cambió el nombre de una escultura fascista para esquivar la ley (Com a Palma, podriem dir)
Santa Cruz de Tenerife será la primera ciudad española en la que los símbolos y conmemoraciones franquistas serán retirados del espacio público tras una decisión judicial. El pasado viernes, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de la ciudad canaria dictó una sentencia pionera que obliga al Consistorio de Santa Cruz de Tenerife, gobernado por Coalición Canaria, a cumplir con los preceptos de la Ley de Memoria Histórica.
El artículo 15 de esta norma exige a las administraciones públicas que tomen “las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.
Nombres democráticos
Esta decisión judicial llega después de que la formación política Alternativa Sí Se Puede por Tenerife, presentara una demanda para que el Consistorio de Santa Cruz elaborase un catálogo de calles, plazas y edificios públicos con denominaciones franquistas y se procediese a su cambio por otras que diesen cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica. Pedro Fernández Arcila, el abogado que impulsó la demanda, espera que esta decisión judicial sirva “para que el Ayuntamiento de Santa Cruz no eluda más su responsabilidad” y “abra un proceso de participación ciudadana” para sustituir las denominaciones franquistas por otras “acordes con la legalidad democrática”.
El empeño del partido Alternativa Sí Se Puede por retirar los símbolos franquistas de las Islas Canarias, no es nuevo. En 2008, la formación presentó una demanda en los juzgados contra el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por no aplicar la Ley de Memoria Histórica en la retirada de un monumento a Franco. El consistorio de la ciudad optó por una triquiñuela para esquivar la norma y cambió el nombre del grupo escultórico de Juan de Ávalos, que pasó a llamarse Ángel Caído y que todavía está situada en una de las principales avenidas de la ciudad insular.
Un precedente
Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), acogió esta decisión judicial con “normalidad” y espera que la sentencia “sirva de precedente” y “anime” a otros colectivos a forzar el cumplimiento de la Ley de la Memoria. “Es una buena noticia seña-ló Silva pero esta decisión no nos reconcilia con la Justicia. Los jueces no están haciendo prácticamente nada por la recuperación de la dignidad de las víctimas del franquismo”.
Jesús de Andrés, profesor titular de Ciencia Política de la UNED y experto en memoria histórica y simbología urbana, acoge con optimismo esta decisión judicial. “Los símbolos franquistas son incompatibles con la democracia porque sólo contentan a una minoría”, señala. Sin embargo, el experto no opta por destruirlos, sino por “desactivarlos”, que “dejen de ser símbolos para que formen parte de la historia pero dentro de un museo”.