Diari PÚBLICO, 27 de maig 2009
El sindicato Manos Limpias, cuyo líder fue responsable de Fuerza Nueva, demandó al juez de la Audiencia Nacional por abrir una causa general contra el franquismo.
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite una querella por prevaricación —precepto recogido en el artículo 446 del Código Penal, que castiga al magistrado que dicta una resolución injusta a sabiendas— presentada por el sindicato de ultraderecha Manos Limpias contra el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por la causa contra el franquismo, según fuentes judiciales.
“Esta sala, sin valorar ni prejuzgar lo sucedido, entiende que no se dan las condiciones para rechazar la admisión a trámite de esta querella”, ya que “lo afirmado en la querella no es algo que, ab initio, pueda considerarse ajeno al tipo penal de prevaricación, al menos como hipótesis que no se advierte sea ni absurda ni irracional”, afirma el Alto Tribunal en el auto de admisión, tras tomar la decisión por unanimidad de los magistrados.
La querella fue presentada el pasado 26 de enero por el sindicato presidido por Miguel Bernard, ex responsable de la formación ultraderechista Fuerza Nueva, que también solicitaba que, en caso de que su iniciativa fuera admitida a trámite, el Consejo General del Poder Judicial suspenda cautelarmente de sus funciones al juez mientras termina de instruirse ese procedimiento —según fuentes del sindicato—.
“Garzón no tenía competencia”
Bernard ha explicado —a Europa Press— que la querella se interpuso por considerar que Garzón incurrió en prevariación al iniciar un procedimiento para la investigación y exhumación de las fosas del franquismo sin tener competencia para ello y en contra del criterio de la propia fiscalía de la Audiencia Nacional.
Garzón, quien deberá comparecer en condición de imputado ante el alto tribunal, abrió en septiembre de 2008 una investigación para esclarecer las responsabilidades de los crímenes cometidos durante la dictadura.
El juez acusaba a Franco y otros 44 miembros de sus Gobiernos y miembros de Falange de delitos contra Altos Organismos de la Nación y la forma de Gobierno, y detención ilegal con desaparición forzada de personas en un marco de “crímenes contra la humanidad”.
El presidente de Manos Limpias, tras los pasos de Blas Piñar
Miguel Bernar, ex líder de Fuerza Nueva, no oculta su nostalgia hacia la ultraderecha posfranquista
Miguel Bernard, presidente del sindicato de ultraderecha Manos Limpias, ex líder de Fuerza Nueva y admirador declarado de Blas Piñar -político español cuya trayectoria política y vida pública siempre se caracterizó por su identificación con Franco y sus principios ideológicos-, se querelló el pasado 26 de enero contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por su causa general contra el franquismo.
Bernard argumenta para justificar la querella, admitida hoy a trámite por el Tribunal Supremo, que Garzón incurrió en prevariación al iniciar un procedimiento para la investigación y exhumación de las fosas del franquismo sin tener competencia para ello y en contra del criterio de la propia fiscalía de la Audiencia Nacional.
El presidente de Manos Limpias, que tiene como principio básico que “allí donde existe un delito debe haber alguien capaz de denunciarlo”, no oculta su nostalgia hacia la ultraderecha posfranquista, violenta y reaccionaria, que a su juicio equilibraba las fuerzas durante la transición.
“Objetivamente, con todos los defectos que pudiera tener Fuerza Nueva, el partido de Blas Piñar desempeñó un papel importante en la transición española. Si no hubiera existido una oposición de este tipo, llamémosle violenta, a lo mejor la transición se hubiera hecho de otra manera. Tal y como se desarrolló hubo un equilibrio de fuerzas y terminó, con los incidentes que existieran por el camino, con un texto constitucional”, declaró Bernard al diario El Mundo el 27 de febrero de 2005.
Bernard, cuyo sindicato compartía sede en Madrid con el sindicato filofascista Fuerza Nacional del Trabajo, y tras fracasar en su intento de formar en España un partido como el francés de Le Pen, ya intentó llevar a los tribunales a Garzón por el caso Pinochet o GAL.