La Asociación Memoria de Mallorca ha documentado la existencia en la isla de 44 fosas en las que están enterradas 2.222 personas asesinadas por la represión política franquista y ha reclamado al Govern que promueva la dignificación de estás víctimas y, cuando sea posible, la exhumación de sus cuerpos.
La organización que preside Maria Antònia Oliver ha completado el estudio sobre los enterramientos ilegales de las víctimas mortales del franquismo que se había comprometido a hacer con el Govern balear, que ha presentado hoy después de registrarlo ante la Conselleria de Presidencia.
Memoria de Mallorca, ha relatado Oliver, firmó un convenio con el ejecutivo balear en 2010 que compromete a la administración autonómica a divulgar la investigación sobre las fosas, a analizar la viabilidad técnica de abrirlas y a protegerlas en reconocimiento a las víctimas del golpe de estado y la dictadura franquista.
El vicepresidente de la asociación, Manel Suárez, ha explicado que la segunda parte del estudio histórico y arqueológico es fruto del trabajo de 19 profesionales y completa un mapa compuesto por 44 fosas de las que 24 están en cementerios, 12 se encuentran en cunetas y descampados, 4 en playas y otras 4 son pozos.
Además se ha confirmado que se arrojaron cuerpos de asesinados por acantilados situados entre Valldemossa y Deià, Alcùdia y el muelle viejo de Palma, ha indicado Suárez. En el estudio presentado hoy, que completa los datos hechos públicos hace un año, se desvela la existencia de restos de 1.016 personas en una veintena de fosas, entre ellas algunas de las que no se tenían noticias previamente como las de Mancor, Marratxí, Escorca y Valldemossa.
“En casi todos los municipios hay una fosa”, ha indicado Suárez, que ha precisado que los especialistas consideran que la mitad de las existentes en Mallorca serían susceptibles de ser excavadas con posibilidades de recuperar los restos y confirmar la identidad de los enterrados.
El balance facilitado por Memoria de Mallorca corresponde a las víctimas mortales del franquismo efectivamente contabilizadas de las que se dispone de información fiable sobre su lugar de inhumación, aunque muchas de ellas, como el medio millar de milicianos de la columna liderada por el capitán Bayo enterrados en la playa de Sa Coma de Sant Llorenç, son “víctimas sin nombre”.
“El Govern tiene una información fundamental para recuperar la memoria, la dignidad y los cuerpos de dos millares de personas”, ha recalcado Suárez, quien ha subrayado que ninguno de los “muchísimos” familiares de represaliados con los que se han entrevistado para conocer sus casos “ha pedido nunca un acto de venganza”.
“Solo piden un acto de justicia: recuperar los nombres y apellidos de su familiar y, si puede ser, su cuerpo”, ha insistido el vicepresidente de Memoria de Mallorca, y ha lamentado que “ciudadanos españoles” asesinados en los campos nazis (entre ellos catorce mallorquines) hayan tenido mayor reconocimiento de las instituciones españolas que las decenas de miles cuyos cadáveres yacen en fosas por todo el país.
Tanto Oliver como Suárez han confiado en que el Govern balear del PP cumpla con el convenio de colaboración suscrito por el anterior ejecutivo, aunque han confirmado que no han obtenido respuesta a las cuatro solicitudes de reunión que han formulado a los actuales responsables de la administración autonómica.
La presidenta de Memoria de Mallorca ha expresado su escepticismo ante la decisión sobre la apertura de fosas que está pendiente de adoptar el Tribunal Supremo: “Pensamos que pasará la patata caliente a la administración”.