Hoy, 5 de agosto de 2009, se cumplen 70 años del asesinato de Estado de
Ana López Gallego,
Victoria Muñoz García,
Martina Barroso García,
Virtudes González García,
Luisa Rodríguez de la Fuente,
Elena Gil Olaya,
Dionisia Manzanero Sala,
Joaquina López Laffite,
Carmen Barrero Aguado,
Pilar Bueno Ibáñez,
Blanca Brisac Vázquez,
Adelina García Casillas
y Julia Conesa Conesa,
conocidas como las 13 rosas, varias de ellas menores de edad, y de otros 43 miembros más de las Juventudes Socialistas Unificadas.
Como las trece rosas, otras más de 190.000 personas fueron sistemáticamente asesinadas por el franquismo tras juicios farsa o murieron en circunstancias no esclarecidas en prisión, como parte de la persecución de los defensores de la República española. Y, al igual que los más de 150.000 desaparecidos de las fosas y los miles de niños perdidos, tanto ellos como sus familias continúan privados hoy, tras treinta años de Estado constitucional, de sus derechos de “verdad, justicia y reparación” por parte de nuestro Estado.
Por todo ello, los abajo firmantes instamos al Gobierno de España
a) A que impulse la apertura de los procedimientos penales contra estos crímenes contra la humanidad no prescritos, en cumplimiento de su deber de cumplir con una “investigación oficial efectiva e independiente” dirigida al esclarecimiento de la verdad y la depuración de las responsabilidades penales, civiles, administrativas o de cualquier otra índole a que se pudiera dar lugar.
b) A que otorgue a estas víctimas, y muy especialmente a sus familias, el pleno reconocimiento debido como “víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos”, de conformidad con la Resolución 60/147 de la Asamblea General de Naciones Unidas, dando cumplimiento a las cinco formas de reparación por parte del Estado previstas en la misma – restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición –, y en particular, a las siguientes obligaciones especialmente urgentes:
1) La nulidad de todas las sentencias como forma de reestablecimiento de la dignidad, la reputación y los derechos de las victimas y de sus familiares. Las ejecuciones fueron crímenes de lesa humanidad y no pueden ser consideradas derecho legítimo
2) Una disculpa pública por parte del Estado español, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de las responsabilidades.
3) La proclamación parlamentaria de un día nacional de homenaje y recuerdo a los ejecutados del franquismo y a sus familias, y la denominación, en sus respectivos lugares de residencia, de calles y edificios públicos con sus nombres, como forma de permanente homenaje y siguiendo los precedentes en la materia de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
4) La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas, en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y en el material didáctico a todos los niveles.
5) La derogación de la inaceptable convalidación jurídica de todas estas muertes operada por la “ley de la memoria”, que otorga el rango de resolución jurídica con defectos de forma y fondo a lo que fueron meros asesinatos.
Coordinadora de Colectivos de Víctimas del Franquismo
(Memòria de Mallorca forma part de la CCVF,
junt amb altres 8 associacions de la resta de l’Estat)