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PATRICIA CAMPELO (P\u00fablico<\/em>, 27 desembre 2010) <\/span> Tres a\u00f1os despu\u00e9s de la entrada en vigor de la ley 52\/2007, conocida como de Memoria Hist\u00f3rica, las asociaciones de v\u00edctimas hacen un balance negativo<\/strong> de su aplicaci\u00f3n. El texto de la norma es objeto de cr\u00edticas por parte de familiares y asociaciones, que consideran err\u00f3neo el planteamiento de una la ley que contempla, en su pre\u00e1mbulo, el car\u00e1cter “familiar y personal” de la memoria de las v\u00edctimas del franquismo. “\u00bfA qu\u00e9 v\u00edctima de un delito violento tan grave le dice el Estado que su recuerdo no es p\u00fablico, que es un asunto de su familia?”, se cuestiona Emilio Silva, nieto de un fusilado en Priaranza del Bierzo y presidente de la Asociaci\u00f3n para la Recuperaci\u00f3n de la Memoria Hist\u00f3rica (ARMH), entidad que comenz\u00f3 hace diez a\u00f1os las primeras exhumaciones de fosas de v\u00edctimas de la represi\u00f3n franquista con m\u00e9todos cient\u00edficos. En la misma l\u00ednea se pronuncia Arturo Peinado, miembro de la Federaci\u00f3n Estatal de Foros por la Memoria, quien, adem\u00e1s, enfatiza la incongruencia del Gobierno a la hora de firmar tratados internacionales que le obligan a investigar las desapariciones forzadas \u2014como es en caso de la Convenci\u00f3n que entr\u00f3 en vigor el 23 de diciembre\u2014 , y al mismo tiempo define como “personal y familiar” el problema de las v\u00edctimas del franquismo. “Es vergonzoso que Espa\u00f1a ratifique convenios internacionales para investigar desapariciones forzadas y despu\u00e9s, en su ordenamiento interno, saque esos casos del \u00e1mbito judicial”, recalca. Silva subraya la falta de asunci\u00f3n de responsabilidades de la Administraci\u00f3n<\/strong> en la b\u00fasqueda de desaparecidos y denuncia que el Estado cargue a las v\u00edctimas con la tarea de lograr por s\u00ed mismas la soluci\u00f3n al problema. Asegura, incluso, que la propia Administraci\u00f3n deriva a los familiares que acuden a ella en b\u00fasqueda de ayuda a las asociaciones de memoria hist\u00f3rica, facilit\u00e1ndoles el tel\u00e9fono de las mismas y remiti\u00e9ndoles los casos que reciben. “\u00bfC\u00f3mo es posible que alguien que llame a una administraci\u00f3n denunciando y pidiendo ayuda por un delito tan grave sea remitido a una asociaci\u00f3n para que le solucione el problema?”, se cuestiona Silva. Por su parte, Peinado evidencia la falta de voluntad de las instituciones para investigar<\/strong>, en v\u00eda judicial, los delitos a represaliados del franquismo. La posible creaci\u00f3n de una oficina de atenci\u00f3n a los familiares de ni\u00f1os robados, propuesta por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, es otro hecho que “pone de manifiesto la intenci\u00f3n de sacar de la esfera judicial toda investigaci\u00f3n sobre los cr\u00edmenes franquistas”, destaca. Desde la Federaci\u00f3n de Foros por la Memoria insisten en la obligatoriedad de la investigaci\u00f3n judicial<\/strong>, algo que la Ley de Memoria Hist\u00f3rica entorpece al promover medidas administrativas de reparaci\u00f3n personal. “Espa\u00f1a tiene que aplicar el derecho penal internacional que ha ratificado. Las denuncias de los familiares se tienen que atender en sede judicial, y no administrativa ya que los delitos de desaparici\u00f3n no prescriben mientras no cese la desaparici\u00f3n”, explica Peinado. Para la ARMH, el art\u00edculo que dedica la Ley 52\/2007 a la eliminaci\u00f3n de vestigios que exalten a los art\u00edfices de la guerra civil y de la dictadura supone tambi\u00e9n un cap\u00edtulo inconcluso en la reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas. Silva recuerda la existencia de numerosas calles, plazas, monumentos e, incluso, denominaciones de pueblos que “permanecen intactos<\/strong> pese a que la Ley considera ilegales las exaltaciones de la dictadura”. Asimismo, enfatiza la “doble moral” con la que los poderes p\u00fablicos miden cierto tipo de homenajes: “Vivimos en un Estado que cierra locales por exponer fotograf\u00edas de ex presos de grupos terroristas y al mismo tiempo permite plazas, fundaciones y calles dedicadas a asesinos de decenas de miles de civiles. La democracia no debe practicar ni consentir esa doble moral”, afirma el presidente del la ARMH. Peinado indica que la norma “no es efectiva” porque, adem\u00e1s de contemplar “excepciones”, a\u00fan carece de un reglamento que la desarrolle , “que establezca tipolog\u00eda y plazos de retirada”. Esta laguna adicional a la Ley 52\/2007 provoca que algunos ayuntamientos se nieguen a aplicar los preceptos de la norma: “Izquierda Unida present\u00f3 una propuesta de cambio de nombre al parque Carlos Arias Navarro, en Madrid, y el vicealcalde, Manuel Cobo, se neg\u00f3 ateniendo a esa ausencia de un reglamento que desarrolle la Ley”, cuenta Peinado, quien opina que si de algo ha servido la norma es para dar “impulso moral” para la retirada de vestigios<\/strong>. A nivel de competencias “muchos municipios ya hab\u00edan retirado monumentos o cambiado nombres de calles antes de 2007”. “Ahora se ven un poco m\u00e1s obligados por que existe esta ley, pero por una cuesti\u00f3n \u00e9tica, no porque apliquen la norma”. En lo que se refiere a la gesti\u00f3n del Valle de los Ca\u00eddos, Silva pone el acento en la continuidad religiosa del recinto y en la falta de luz sobre los or\u00edgenes del mismo. “Contin\u00faa siendo un lugar de culto cat\u00f3lico en el que se permite cierta exaltaci\u00f3n del franquismo a trav\u00e9s de la pr\u00e1ctica religiosa y se oculta la tragedia de los miles de esclavos pol\u00edticos republicanos que fueron obligados a construirlo”, recalca. Desde los Foros por la Memoria tienen claro que en Cuelgamuros “hay un consentimiento a que se produzcan concentraciones fascistas a modo de misas” en un recinto que, seg\u00fan Peinado, “se ha convertido en el gran monumento nazi de Europa” y en un “centro de peregrinaci\u00f3n” al que acuden “fascistas de todo el continente”, algo que, seg\u00fan Peinado, se pudo comprobar el pasado 20N, cuando se dieron cita a las puertas del recinto “familias diferente procedencia que ven\u00eda a exaltar el fascismo”. Otro de los compromisos que adquiri\u00f3 el Gobierno a trav\u00e9s de la Ley que hoy cumple tres a\u00f1os, fue el de elaborar un mapa de fosas “integrado que comprenda todo el territorio espa\u00f1ol, accesible a todos los ciudadanos y al que se incorporar\u00e1n los datos remitidos por todas las administraciones p\u00fablicas”, tal y como establece la norma legal. Este extremo es objeto de las denuncias de incumplimiento que hacen las asociaciones, ya que, seg\u00fan Silva, el Gobierno “en vez de hacerlo – el mapa de fosas- ha delegado su deber en las comunidades aut\u00f3nomas, lo que genera una bronca pol\u00edtica<\/strong> que no existir\u00eda si se llevara a cabo desde instituciones del Estado. Tampoco ha elaborado un protocolo de exhumaciones”.<\/span> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"