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EFE (P\u00fablico<\/em>, 7 de desembre 2010) La Fiscal\u00eda de la Audiencia Nacional ha pedido formalmente al Ministerio de Justicia la creaci\u00f3n de una oficina de atenci\u00f3n para los afectados de la causa de los llamados “ni\u00f1os perdidos del franquismo”<\/strong> as\u00ed como que investigue por la v\u00eda administrativa los casos acreditados. As\u00ed consta en el escrito firmado por el fiscal jefe de este tribunal, Javier Zaragoza, que ha remitido hoy al departamento dirigido por Francisco Caama\u00f1o, en el que reitera las “dificultades t\u00e9cnico-jur\u00eddicas” para que la Audiencia Nacional investigue la desaparici\u00f3n de ni\u00f1os reci\u00e9n nacidos entre 1940 y principios de la d\u00e9cada de los ochenta denunciados. Esta posici\u00f3n ya fue adelantada por la Fiscal\u00eda a la plataforma “Grupos de Afectados de Cl\u00ednicas de Toda Espa\u00f1a” en una reuni\u00f3n celebrada el pasado 22 de noviembre despu\u00e9s de que el Juzgado de Instrucci\u00f3n 21 de Madrid se inhibiera de esta causa en favor del Juzgado Central de Instrucci\u00f3n n\u00famero 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Pablo Ruz, al que a\u00fan no ha llegado la petici\u00f3n. La citada plataforma denunci\u00f3, explica Zaragoza, la existencia de “cientos de casos” de sustracciones de reci\u00e9n nacidos<\/strong> en diversas cl\u00ednicas espa\u00f1olas a cuyos progenitores se les comunic\u00f3 su fallecimiento aunque fueron entregados a otras familias “previa falsificaci\u00f3n de los documentos necesarios” para ello. Sin embargo, el Ministerio P\u00fablico considera que las denuncias no pueden tener entrada por la v\u00eda penal dadas las “dificultades t\u00e9cnico-jur\u00eddicas tanto en cuanto a la competencia de este \u00f3rgano judicial -la Audiencia Nacional- como en cuanto a la realizaci\u00f3n de una investigaci\u00f3n penal efectiva”. Tambi\u00e9n insiste, tal y como expuso a la plataforma, en que, dada la antig\u00fcedad de la presunta comisi\u00f3n de los delitos, \u00e9stos podr\u00edan haber ya prescrito. Asimismo, subraya que los hechos descritos no est\u00e1n contemplados en la Ley de Memoria Hist\u00f3rica, “ni siquiera para aquellos casos en los que resulte acreditado que la sustracci\u00f3n de menores a sus progenitores se enmarca en un plan de represi\u00f3n por motivos ideol\u00f3gicos o pol\u00edticos dise\u00f1ado por el r\u00e9gimen franquista”. No obstante, Zaragoza destaca al ministerio que “es de estricta justicia atender a las peticiones” de estos colectivos mediante la creaci\u00f3n de una oficina de atenci\u00f3n a estas v\u00edctimas que coordine todas las actuaciones dirigidas a la identificaci\u00f3n y concreci\u00f3n de todos los casos. Adem\u00e1s, apoya la adopci\u00f3n de “normas reglamentarias precisas que faciliten la investigaci\u00f3n en v\u00eda administrativa de estos hechos”. Unas normas que, prosigue, permitan recabar de archivos p\u00fablicos y privados documentaci\u00f3n relacionada con las desapariciones y que faciliten el esclarecimiento de las “circunstancias acaecidas en cada uno de los casos que se identifiquen fehacientemente como sustracci\u00f3n de menores reci\u00e9n nacidos, falsificaci\u00f3n de documentos para simular su fallecimiento y entrega ilegal a otras familias”. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"