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\u00c1NGEL MUN\u00c1RRIZ (P\u00fablico<\/em>, 10 octubre 2010) Rafael F. V\u00e1zquez, p\u00e1rroco de la antigua poblaci\u00f3n de Gu\u00e1jar, en Granada, traza un semblante crudo de la acusada. \u00abProfesa ideas avanzadas\u00bb, afirma. La suerte de Dolores Mancilla, de profesi\u00f3n sus labores, ya est\u00e1 echada. Pero la apuntala el guardia civil Miguel Aguilera: \u00abP\u00e9sima conducta. Vot\u00f3 siempre que fue necesario al Frente Popular\u00bb<\/strong>. El Tribunal de Responsabilidades Pol\u00edticas no necesita m\u00e1s para decretar la incautaci\u00f3n de sus bienes: tres camas, casa y plantaci\u00f3n de almendros. La multa es de 500 pesetas. Un grupo de 32 investigadores de ocho universidades ha rescatado de los comit\u00e9s de incautaci\u00f3n y los tribunales de responsabilidades pol\u00edticas de Andaluc\u00eda m\u00e1s de 53.000 expedientes personales como el anterior, acreditativos de la justicia militar totalitaria que el franquismo arbitr\u00f3 hasta el fin de la primera posguerra con curas, falangistas, guardias civiles y alcaldes como delatores. La iniciativa, financiada por la Junta, supone la primera investigaci\u00f3n que pone negro sobre blanco la dimensi\u00f3n en una regi\u00f3n espa\u00f1ola del expolio econ\u00f3mico, a\u00fan hoy el m\u00e1s desconocido de los pilares sobre los que se asent\u00f3 la represi\u00f3n franquista. \u00abEs el gran tema tab\u00fa. S\u00f3lo se ha hablado en voz baja\u00bb, explica Cecilio Gordillo, activista destacado del memorialismo andaluz. Tampoco lo toc\u00f3 la Ley de Memoria Hist\u00f3rica. Llegada la democracia, los principales partidos y sindicatos s\u00ed pactaron la devoluci\u00f3n de sus bienes. Pero los particulares pagaron otro de los peajes de olvido de la Transici\u00f3n. Paqui sabe en qu\u00e9 consiste ese pacto. Fruto de una reclamaci\u00f3n ante el Estado, posee un papel remitido por Hacienda que deja bien claro que Espa\u00f1a no contempla la devoluci\u00f3n de bienes incautados a particulares. Pero tambi\u00e9n tiene otro papel, del Registro de la Propiedad, que demuestra que la casa que ten\u00eda en un pueblo de Sevilla su bisabuelo Juan era eso, su<\/em> casa, o al menos lo fue hasta que le fue incautada tras su asesinato en 1936<\/strong>. \u00abUn hijo suyo a\u00fan me pregunta qu\u00e9 pasa con la casa y no s\u00e9 qu\u00e9 decirle\u00bb, cuenta Paqui. La mayor\u00eda de los que est\u00e1n en su misma situaci\u00f3n ni se plantearon intentar recuperar los bienes. En realidad muchos ni siquiera saben que sus familias fueron expoliadas. S\u00ed hay en marcha una ambiciosa iniciativa colectiva, aunque sin \u00e9xito hasta la fecha: la Asociaci\u00f3n de Perjudicados por la Incautaci\u00f3n Franquista, que desde Catalunya ha reu-nido a 2.000 afectados, todos ellos con recibos de multas pagadas. \u00abHemos dialogado con los partidos, pero sin conseguir compromisos formales. Vamos a seguir hasta el final. Si hace falta, a los tribunales, en Espa\u00f1a y en Europa\u00bb, cuenta Mar\u00eda Casals, portavoz. La asociaci\u00f3n no se encarga de bienes, s\u00f3lo de multas.<\/strong> Mar\u00eda ignora cu\u00e1l es el importe total de las sanciones, pero s\u00ed adelanta que pedir\u00e1n al Estado cinco euros por cada peseta de la \u00e9poca en que se abonaron. Al margen de las dificultades para la reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas, les queda el consuelo parcial de que el manto de silencio est\u00e1 empezando a descorrerse con algunos datos. En octubre de 1941, los tribunales hab\u00edan incoado casi 125.000 expedientes de incautaci\u00f3n y quedaban unas 100.000 denuncias pendientes<\/strong>, seg\u00fan los datos recopilados por Manuel \u00c1lvaro en el libro colectivo La gran represi\u00f3n<\/em> (2009), coordinado por Mirta N\u00fa\u00f1ez, profesora de la Complutense. M\u00e1s de 200.000 familias sufrieron en Espa\u00f1a la investigaci\u00f3n, retenci\u00f3n o expolio de sus bienes, seg\u00fan los c\u00e1lculos m\u00e1s fiables. Y eso en un pa\u00eds que en 1940 rondaba los 26 millones de habitantes. Fernando Mart\u00ednez, coordinador del proyecto andaluz, cifra en \u00abcerca de 60.000\u00bb las personas familias, en realidad afectadas entre 1936 y 1945. La historiadora \u00c1ngela Cenarro, que coordina en Arag\u00f3n un proyecto similar al andaluz, cifra en unos 13.000 los expedientes abiertos en la regi\u00f3n. En Galicia el ambicioso proyecto Nomes e voces<\/em> tambi\u00e9n ha abarcado la investigaci\u00f3n de la represi\u00f3n econ\u00f3mica entre 1936 y 1939. A falta de datos globales, su coordinador, Lourenzo Fern\u00e1ndez, destaca la \u00abclara voluntad\u00bb del r\u00e9gimen de cebarse con los derrotados<\/strong>, as\u00ed como otras formas de expolio, como la expropiaci\u00f3n de montes comunales. La rapi\u00f1a de los sublevados comienza de forma espont\u00e1nea el mismo 18 de julio del 36 y con el tiempo se va amparando en bandos, decretos y, finalmente, en la Ley de Responsabilidades Pol\u00edticas de 1939. La maquinaria funcion\u00f3 a tal ritmo que en 1941 el Tribunal Nacional de Responsabilidades Pol\u00edticas advirti\u00f3 de la incapacidad del Estado para contar o gestionar los bienes. Por ello en 1942 se suaviz\u00f3 la ley, multiplicando los sobreseimientos. En 1945, con el franquismo intentando dulcificar su imagen, cesaron los expedientes, aunque hubo familias que pagaron plazos hasta finales de los 60. Aparte del expolio, el r\u00e9gimen se hab\u00eda hecho con un detallado fichero de rojos<\/em> <\/strong>y hab\u00eda extendido por toda Espa\u00f1a una cultura indeleble de miedo y delaci\u00f3n. El volumen de bienes incautados y dinero recaudado por multas es dif\u00edcil de precisar, m\u00e1s cuando hasta el r\u00e9gimen se confesaba incapaz de hacerlo. Pero varios datos dan una idea. En Toledo fue incautada m\u00e1s de la mitad de la propiedad r\u00fastica. El total de multas impuestas en Andaluc\u00eda rond\u00f3 los cien millones de pesetas de la \u00e9poca, cuando un bancal de tierra para alimentar a una familia pod\u00eda costar cien pesetas y una casa obrera en un pueblo andaluz, entre 300 y 500. No todas las multas se pagaban. En Madrid, \u00c1lvaro cifra las impuestas en 660 millones, aunque la mayor\u00eda fueron sanciones absurdamente altas, m\u00e1s ejemplares que pr\u00e1cticas, a prohombres de la Rep\u00fablica. \u00abLas que s\u00ed se pagaban, y eran demoledoras para las clases medias y bajas, <\/strong>eran las de cientos o miles de pesetas. Y todo el proceso en s\u00ed, que supon\u00eda la inmovilizaci\u00f3n de los bienes, era un castigo\u00bb, cuenta Mart\u00ednez. Su intenci\u00f3n, cuando acabe el estudio, es colgarla en la Red. Que se vea todo: v\u00edctimas, delatores, sentencias. Ser\u00e1 una peque\u00f1a parte comparada con lo mucho que sigue oculto 70 a\u00f1os despu\u00e9s.\u00a0 Emilio Silva, presidente de la Asociaci\u00f3n por la Recuperaci\u00f3n de la Memoria Hist\u00f3rica, lamenta que el Estado no haya dado nunca \u201cninguna facilidad\u201d para el resarcimiento. \u201cA los partidos y los sindicatos s\u00ed. Al ciudadano, nada\u201d, denuncia. \u201cEsa puerta nadie se ha atrevido a abrirla. \u00bfPor qu\u00e9 siempre ese rechazo a invalidar las sentencias de responsabilidades pol\u00edticas? Porque habr\u00eda que anular tambi\u00e9n las multas que ordenaban\u201d, afirma. Silva lamenta la \u201chipocres\u00eda\u201d que supone que \u201clos mismos que argumentan que eso generar\u00eda el caos son los que defienden con u\u00f1as y dientes la inviolabilidad de la propiedad privada\u201d. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"