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(Del diari El Pa\u00eds<\/em>, 20 de mar\u00e7 de 2009)\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n Se ha cumplido el primer aniversario de la Ley de la Memoria Hist\u00f3rica, publicada casi 30 a\u00f1os despu\u00e9s de la instauraci\u00f3n de la democracia. Un manto de silencio ha ca\u00eddo sobre la decisi\u00f3n del Juzgado Central de Instrucci\u00f3n n\u00famero 5 que abri\u00f3 diligencias penales para judicializar y esclarecer los cr\u00edmenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. El juez Garz\u00f3n plantea una cuesti\u00f3n clave: “Los hechos objeto de denuncia nunca han sido investigados penalmente por la justicia espa\u00f1ola por lo que, hasta el d\u00eda de la fecha, la impunidad ha sido la regla frente a unos acontecimientos que podr\u00edan revestir la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de crimen contra la humanidad”.<\/span><\/p>\n \u00a0<\/a> Miles de cad\u00e1veres de la Guerra Civil aguardan en las fosas comunes y cunetas un juez que les ampare<\/span><\/em><\/p>\n <\/p>\n La Audiencia Nacional (AN), al resolver el Recurso del Fiscal, declara extinguida la responsabilidad penal, por fallecimiento, de los l\u00edderes golpistas y admite, dial\u00e9cticamente, la existencia de delitos de detenci\u00f3n ilegal con desa-parici\u00f3n forzada de personas en el contexto de cr\u00edmenes contra la humanidad,<\/em> cometidos por personas fallecidas antes del inicio de la causa. De forma incongruente se declara incompetente para conocer de estos cr\u00edmenes, inhibi\u00e9ndose en favor de los juzgados de instrucci\u00f3n, convirtiendo los hechos en delitos comunes. Para evitar malentendidos a\u00f1ade que esta resoluci\u00f3n no afecta al “leg\u00edtimo derecho de las v\u00edctimas de la Guerra Civil -todas- y la dictadura del general Franco de recuperar los restos de sus seres queridos dignificarlos y honrar su memoria”. Al mismo tiempo, declara expresamente excluidas de la resoluci\u00f3n las cuestiones relativas a la prescripci\u00f3n o a la aplicaci\u00f3n de la Ley de Amnist\u00eda. Resulta llamativa la afirmaci\u00f3n tajante de que el delito de rebeli\u00f3n nunca ha sido competencia de la AN cuando expresamente se la atribuye la Ley Org\u00e1nica 4\/1988. Los argumentos del voto particular, manteniendo que nos encontramos ante un delito contra la forma de gobierno, son abrumadores. El propio fiscal acepta esta hip\u00f3tesis, pero a continuaci\u00f3n hace una finta, se\u00f1alando que, en todo caso, ser\u00eda competencia del Tribunal Supremo (TS), dada la condici\u00f3n de jefe de Estado y ministros de los imputados. Debe saber el fiscal que la competencia del TS se extiende solamente a los delitos cometidos por los aforados en el ejercicio de sus cargos. No sab\u00edamos que un general golpista es un alto cargo y que adem\u00e1s act\u00faa en el ejercicio de sus funciones. Si la AN conoce de los cr\u00edmenes de derecho internacional sujetos a jurisdicci\u00f3n universal cometidos fuera del territorio nacional, resulta absurdo que esta competencia se diluya entre los juzgados de instrucci\u00f3n espa\u00f1oles cuando delitos de esta naturaleza se cometan en Espa\u00f1a. Siempre se ha dicho que el derecho tiene horror al vac\u00edo pero mucho m\u00e1s a la irracionalidad. Si la jurisdicci\u00f3n es universal, el territorio espa\u00f1ol no puede quedar fuera del universo. Es una contradicci\u00f3n en los t\u00e9rminos, insalvable y absurda. La situaci\u00f3n actual es parad\u00f3jica, insostenible e incluso puede devenir en delictiva. La AN se ha desprendido de su competencia y algunos juzgados de instrucci\u00f3n tampoco quieren saber nada de la investigaci\u00f3n de hechos que tienen una incuestionable apariencia delictiva. Hace tiempo, EL PA\u00cdS public\u00f3 la fotograf\u00eda de una fosa com\u00fan repleta de cad\u00e1veres con las manos atadas a la espalda y orificios de bala. Evidentemente, nos encontramos ante una muerte violenta o sospechosa de criminalidad que obliga al juez de instrucci\u00f3n a personarse en el lugar de los hechos, describirlo, identificar los cad\u00e1veres e incluso preguntar a los testigos que pudieran dar alguna luz sobre el hecho criminal. Esto ha sucedido en M\u00e1laga y ning\u00fan juzgado ni la fiscal\u00eda han solicitado que se abran unas diligencias penales. Si alguna autoridad judicial o el ministerio fiscal tratan de justificar su escandalosa pasividad refugi\u00e1ndose en el texto de la Ley de la Memoria Hist\u00f3rica demuestra una preocupante ignorancia, al confundir la apertura de fosas con la persecuci\u00f3n de delitos. La ley advierte que sus previsiones son compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales establecidos en las leyes y en los tratados internacionales sucritos por Espa\u00f1a. Los historiadores futuros comprobar\u00e1n asombrados que hubo una Causa General contra los vencidos y ni un solo procedimiento penal contra los que recibieron el apoyo de Hitler y Mussolini. Tampoco me parece soluci\u00f3n abrir una oficina para facilitar la apertura de fosas como si se tratase de agilizar una licencia administrativa o de autorizar una excavaci\u00f3n arqueol\u00f3gica. El Senado, en reciente decisi\u00f3n, ha privatizado la tragedia hist\u00f3rica, negando subvenciones para buscar la verdad. \u00c9sta es la parad\u00f3jica situaci\u00f3n actual. Miles de cad\u00e1veres a la b\u00fasqueda de un juez que les ampare. Los muertos est\u00e1n en las cunetas y fosas por cr\u00edmenes contra sus personas y toda la humanidad. Los muertos saben esperar y conocen la verdad. Es posible que alg\u00fan juzgado se considere incompetente por estimar que los hechos que est\u00e1 investigando son verdaderos cr\u00edmenes contra la humanidad y devuelva la causa a la Audiencia Nacional. Habr\u00edamos perdido innecesariamente un tiempo que se dilata demasiado para la mayor\u00eda de las v\u00edctimas.<\/span><\/p>\n Jos\u00e9 Antonio Mart\u00edn Pall\u00edn,<\/span><\/em><\/strong> magistrado, es comisionado de la Comisi\u00f3n Internacional de Juristas.<\/span><\/em> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Jos\u00e9 Antonio Mart\u00edn Pall\u00edn,\u00a0magistrado, es comisionado de la Comisi\u00f3n Internacional de Juristas. 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