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Dar\u00edo Rivas, hijo de fusilado, y Nora Cortinas, de las Madres de Mayo, el d\u00eda que presentaron la querella.<\/span> AFP<\/span> Si el Estado espa\u00f1ol, a trav\u00e9s de sus diferentes poderes democr\u00e1ticos, ha investigado o est\u00e1 investigando los cr\u00edmenes del franquismo, lo tendr\u00e1 que demostrar ante un juzgado argentino. Las v\u00edctimas de la dictadura que apelaron el pasado 14 de abril a la justicia universal mediante una denuncia en Argentina contra los cr\u00edmenes de Franco han solicitado a la jueza encargada del caso que pida al Gobierno espa\u00f1ol los nombres de los ministros franquistas vivos y muertos, jueces colaboradores, altos mandos de Falange y de las Fuerzas Armadas que cometieron cr\u00edmenes e incluso el listado de empresas que se beneficiaron econ\u00f3micamente de los trabajos de los presos<\/strong>. La lista de peticiones de los denunciantes responde a la decisi\u00f3n del pasado 3 de septiembre de la C\u00e1mara Federal que obliga a la jueza Mar\u00eda Romilda Servini de Cubr\u00eda a solicitar al Gobierno espa\u00f1ol un exhorto por v\u00eda diplom\u00e1tica para que informe “si efectivamente se est\u00e1 investigando la existencia de un plan sistem\u00e1tico generalizado<\/strong> y deliberado de aterrorizar a los espa\u00f1oles partidarios de la forma representativa de gobierno a trav\u00e9s de su eliminaci\u00f3n f\u00edsica, llevado a cabo en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977″. El ministro de Justicia, Francisco Caama\u00f1o, asegur\u00f3 en el Congreso de los Diputados que el Gobierno colaborar\u00eda con la solicitud que llegue de Argentina. Para que esa solicitud se ajuste a lo pretendido por las v\u00edctimas de los cr\u00edmenes de Franco, los denunciantes enumeran lo que se debe solicitar. “Ante la posibilidad de que el Gobierno diga que a trav\u00e9s de algunos juzgados territoriales se est\u00e1 investigando, queremos dejar claro que los pocos jueces que han continuado con los procesos abiertos por Garz\u00f3n apenas se han limitado a localizar la fosa e identificar el cuerpo. Nada m\u00e1s. Y eso no puede considerarse cosa juzgada<\/em>“, explica el abogado demandante, Carlos Slepoy. Las v\u00edctimas reclaman ocho campos de investigaci\u00f3n para determinar lo sucedido y su responsabilidad. Una de esas peticiones reclama el n\u00famero de empresas que oper\u00f3 durante el franquismo con presos obligados a trabajar. “Tanto las compa\u00f1\u00edas como sus directivos tienen que dar explicaciones<\/strong> y en su caso determinar las indemnizaciones”, explica el abogado. Los querellantes piden que se env\u00ede desde Espa\u00f1a el proceso abierto en el Tribunal Supremo contra Baltasar Garz\u00f3n por supuesta prevaricaci\u00f3n al investigar los cr\u00edmenes del franquismo. Adem\u00e1s, piden el env\u00edo del sumario que abri\u00f3 el magistrado para demostrar que “en este momento” se est\u00e1 impidiendo a las v\u00edctimas de un “genocidio”<\/strong>, denunciar los delitos que han sufrido. El letrado de las v\u00edctimas recuerda que la justicia argentina no tiene que detener su investigaci\u00f3n ante una hipot\u00e9tica respuesta del Gobierno en la que se asegure que s\u00ed se ha investigado. “En el caso de los ni\u00f1os robados por la dictadura argentina abierto en Espa\u00f1a<\/strong> por Garz\u00f3n hab\u00eda juicios abiertos en Argentina, pero eso no impidi\u00f3 a Espa\u00f1a investigar. Lo mismo ocurri\u00f3 en Ruanda, por poner otro ejemplo”, explica Slepoy. La C\u00e1mara Federal corrigi\u00f3 la postura del fiscal que recomend\u00f3 el cierre del caso porque hab\u00eda comprobado “a trav\u00e9s de Internet” que en Espa\u00f1a hab\u00eda ya investigaciones pendientes. Este tribunal ha establecido como periodo a investigar las fechas acotadas por los denunciantes que hablan desde julio de 1936 a junio de 1977. “Los jueces que firmaron las penas de muerte de septiembre de 1975 en juicios sin garant\u00edas tienen su responsabilidad”, ejemplifica el letrado. Los denunciantes equiparan la Ley de Amnist\u00eda de 1977 con las leyes de impunidad derogadas en Argentina en los juicios a la dictadura militar. Esta ley exime a “los funcionarios p\u00fablicos” de posibles delitos cometidos “en el ejercicio de sus cargos”. “Algunos delitos no prescriben y en estos cr\u00edmenes no existe la obediencia debida como eximente de la culpabilidad”, concluye Slepoy. Los denunciantes reclaman a la jueza del Juzgado Federal n\u00ba1 de Buenos Aires que pida por v\u00eda diplom\u00e1tica el proceso de “investigaci\u00f3n interrumpida” abierto por Garz\u00f3n en la Audiencia Nacional y las resoluciones posteriores contra \u00e9l como prueba de la impunidad del franquismo en Espa\u00f1a. Reclaman a los organismos competentes “informaci\u00f3n sobre los nombres y \u00faltimo domicilio conocido” de los integrantes de los Consejos de Ministros entre 1936 y 1977. El Gobierno deber\u00eda informar del domicilio de ex ministros vivos y en activo en la vida p\u00fablica y privada como el senador Manuel Fraga -en la imagen-, el presidente de Sogecable Rodolfo Mart\u00edn Villa o el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir. Las v\u00edctimas piden los nombres de los militares, polic\u00edas, jueces y dirigentes de Falange que durante el periodo citado pudieron colaborar en los cr\u00edmenes. Los denunciantes destacan que la ley de Amnist\u00eda que exime a los funcionarios p\u00fablico que pudieron cometer delitos “en el ejercicio de su cargo” es una norma inv\u00e1lida como lo eran las de impunidad de la dictadura argentina. Los denunciantes piden datos de los torturados, los desaparecidos, los asesinados o los perseguidos por la dictadura fascista en Espa\u00f1a. El objetivo es establecer el n\u00famero m\u00e1ximo de testimonios y pruebas de que Franco y sus colaboradores establecieron un plan de terror fascista.\u00a0<\/span> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"