{"id":477,"date":"2009-11-19T11:41:04","date_gmt":"2009-11-19T09:41:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.memoriadelesilles.org\/?p=477"},"modified":"2009-11-19T11:41:04","modified_gmt":"2009-11-19T09:41:04","slug":"recurs-de-memoria-de-mallorca-contra-lacte-del-jutjat-n10-de-palma","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/memoriadelesilles.org\/wordpress\/2009\/11\/19\/recurs-de-memoria-de-mallorca-contra-lacte-del-jutjat-n10-de-palma\/","title":{"rendered":"RECURS DE MEM\u00d2RIA DE MALLORCA CONTRA L’ACTE DEL JUTJAT n.10 DE PALMA"},"content":{"rendered":"

<\/p>\n

JUZGADO DE INSTRUCCI\u00d3N N\u00daMERO 10. Palma de Mallorca.-<\/o:p><\/span><\/strong><\/p>\n

DILIGENCIAS PREVIAS 1169\/2009<\/o:p><\/span><\/strong><\/p>\n

\u00a0AL JUZGADO DE INSTRUCCI\u00d3N 10\u00a0<\/o:p><\/span><\/strong><\/p>\n

DO\u00d1A NURIA CHAMORRO PALACIOS<\/span><\/strong>, Procurador de los Tribunales, en nombre y representaci\u00f3n de la <\/span>ASSOCIACI\u00d3 PER A LA RECUPERACI\u00d3 DE LA MEM\u00d2RIA HIST\u00d2RICA DE MALLORCA<\/span><\/strong>, en m\u00e9ritos que tengo acreditados, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho, DIGO:<\/o:p><\/strong><\/span><\/p>\n

<\/span>1.- Que en fecha 28 de octubre de 2009 he sido notificado del auto de fecha 14 de octubre de 2009, mediante el cu\u00e1l en su parte dispositiva se decreta el sobreseimiento libre y el archivo de las presentes diligencias.<\/o:p><\/span><\/strong><\/p>\n

<\/span>2.- Que mediante el presente escrito, interpongo en tiempo y forma RECURSO DE REFORMA, en contra del auto de fecha 14 de octubre de 2009, notificado a esta parte d\u00eda 28 de octubre de 2009, por considerar infringido el art. 24 de la C.E. (tutela judicial efectiva), y dem\u00e1s normativa internacional y nacional que se indicar\u00e1, en base a las siguientes<\/span><\/strong><\/p>\n

ALEGACIONES, <\/o:p><\/span><\/strong><\/p>\n

\u00a0PRIMERA<\/span><\/u><\/strong>.- Con fecha 15 de diciembre de 2006 <\/span>la Asociaci\u00f3n \u201cAssociaci\u00f3 per a la Recuperaci\u00f3 de la Mem\u00f2ria Hist\u00f2rica de Mallorca\u201d (ARMHM) interpuso denuncia ante el Juzgado Central de Instrucci\u00f3n n\u00ba 5, ampliada mediante escrito de fecha 3 de enero de 2007, sobre la desaparici\u00f3n de <\/span>CIENTO NOVENTA Y SEIS PERSONAS <\/span><\/strong>en Mallorca, durante 1936 a 1950. Dichos hechos que podr\u00edan ser <\/span>constitutivos de un crimen de lesa humanidad de desaparici\u00f3n forzada.<\/strong><\/span><\/span><\/o:p><\/span><\/strong><\/p>\n

\u00a0Los familiares de estas personas desaparecidas no han tenido hasta la fecha conocimiento de las circunstancias de su detenci\u00f3n ilegal ni las autoridades competentes les han facilitado informaci\u00f3n sobre su suerte o paradero.<\/span><\/o:p><\/span><\/strong><\/p>\n

\u00a0Tras dar traslado de la denuncia al Ministerio Fiscal de la A.N., \u00e9ste, mediante informe, de fecha 29 de enero de 2008, solicit\u00f3 el archivo, por entender que:<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a01) Al tratarse de delitos comunes, la competencia no corresponde a la Audiencia Nacional atendiendo a las reglas ordinarias que regulan la distribuci\u00f3n de asuntos en el orden jurisdiccional penal.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a02) Los hechos presentados deben ser considerados como delitos comunes y, por ello, les ser\u00edan aplicables los art\u00edculos 1 y 2 de la Ley 46\/1077 de amnist\u00eda, que produjo en su momento extinci\u00f3n de la responsabilidad criminal.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a03) Haciendo suya una parte de la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de octubre de 2007 sobre el caso Scilingo<\/em>, es imposible aplicar retroactivamente ni la normativa internacional ni la interna aplicables al caso, por ser posteriores a los hechos y no m\u00e1s favorables.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0Esta parte no ha tenido acceso, ni ha sido notificado del informe del Ministerio P\u00fablico de los Juzgados de Palma de Mallorca, si bien suponemos que los argumentos coincidir\u00e1n, en parte o en todo.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0SEGUNDA<\/span><\/u><\/strong>.- Pues bien, seg\u00fan <\/span>el Ministerio Fiscal de la A.N., la admisi\u00f3n a tr\u00e1mite de las denuncias vulnerar\u00eda la aplicaci\u00f3n del principio de legalidad, desde las normas del ordenamiento interno. Sin embargo, la denuncia presentada\u00a0 <\/span>plantea el principio de legalidad, acogi\u00e9ndonos a las normas y principios precedentes que conforman el derecho internacional.<\/span><\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0As\u00ed se ha establecido que en el caso de delitos tipificados por el derecho internacional, el enjuiciamiento y sanci\u00f3n de los responsables por los ordenamientos nacionales es factible aun cuando no se haya producido una tipificaci\u00f3n formal estricta de tales delitos, a trav\u00e9s de leyes internas del respectivo estado.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0Como es conocido, la Audiencia Nacional instruye casos de \u201cdesaparecidos\u201d en Argentina, Chile, Guatemala, Tibet y el Sahara ejerciendo la jurisdicci\u00f3n universal por delitos de genocidio y lesa humanidad en el extranjero. La postura de la Audiencia Nacional en estos asuntos es clara, y la sentencia en el caso Scilingo ilustra su apuesta no s\u00f3lo por la persecuci\u00f3n universal de los cr\u00edmenes contra la humanidad, sino tambi\u00e9n por la confirmaci\u00f3n de los cr\u00edmenes contra la humanidad como categor\u00eda de cr\u00edmenes de Derecho internacional general preexistente a su incorporaci\u00f3n al C\u00f3digo penal espa\u00f1ol en 2004 e incluso a los hechos imputados a Scilingo, cometidos en Argentina entre 1973 y 1986 (Sentencia 16\/2005 dictada por la Secci\u00f3n 3\u00aa de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional), contrariamente a lo mantenido por el Ministerio P\u00fablico.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0En efecto, la Audiencia ha afirmado en esta sentencia que, en Derecho internacional, la formulaci\u00f3n cl\u00e1sica del principio de legalidad penal nullum crimen sine lege se articula como nullum crimen sine iure, \u201clo que permite una interpretaci\u00f3n mucho m\u00e1s amplia y flexible de las exigencias derivadas de este principio\u201d, y que la tipicidad de los cr\u00edmenes de Derecho internacional no est\u00e1 determinada necesariamente en el orden internacional por su incorporaci\u00f3n en textos escritos. Es decir, que la ausencia de jurisdicci\u00f3n ni de Convenio espec\u00edfico sobre cr\u00edmenes contra la humanidad hasta el momento no pone en cuesti\u00f3n la vigencia de estos cr\u00edmenes.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0La base del principio de legalidad en la persecuci\u00f3n de los cr\u00edmenes contra la humanidad es la justicia en sentido material y no estrictamente formal; por la propia antijuridicidad de estos cr\u00edmenes, es decir, por el reproche de ataques masivos contra los derechos m\u00e1s elementales de la poblaci\u00f3n civil. Sirvan las siguientes palabras para resumir el argumento de la Audiencia Nacional por la flexibilizaci\u00f3n del principio de legalidad acorde con el Derecho internacional y con un principio de justicia material que no puede ser obstaculizado por una justicia formal que favorezca precisamente a quienes aprovechan su poder (legislativo, represivo) para garantizar su propia impunidad:<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0En primer lugar indicar, se debe evitar que un principio que naci\u00f3 con el objeto de proteger al individuo frente al poder absoluto del Estado se convierta en una barrera protectora que proteja a un atacar masivamente los derechos mas elementales de los ciudadanos.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0En segundo lugar, que dif\u00edcilmente se vulnera el principio de legalidad penal cuando en el Derecho internacional la figura de los cr\u00edmenes contra la humanidad est\u00e1 en vigencia (internacional) desde hace ya muchas d\u00e9cadas. Que no existiera un Tribunal o ninguna jurisdicci\u00f3n estatal se hubiera encargado de hacer cumplir o sancionar la infracci\u00f3n de dichas normas internacionales no pone en cuesti\u00f3n la vigencia de las mismas.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0Seg\u00fan la Audiencia Nacional en el caso Scilingo, la opinio iuris cogentis en torno al car\u00e1cter imperativo de la norma que proh\u00edbe los cr\u00edmenes contra la humanidad no plantea ninguna duda. Deduce esta opinio iuris del propio origen de estos cr\u00edmenes, remont\u00e1ndose al derecho humanitario y a la Cl\u00e1usula Martens hasta su primera incriminaci\u00f3n en el Derecho internacional positivo en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg (1945) y su posterior confirmaci\u00f3n en la Resoluci\u00f3n 95 (I) de 11 de diciembre de 1946 de la Asamblea General de la incipiente ONU, formulada por la Comisi\u00f3n de Derecho Internacional en 1950.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0En este sentido, la Sentencia del Tribunal de Apelaci\u00f3n de la C\u00e1mara de los Lores, de 24 de marzo de 1999, dictada en el caso Pinochet<\/em> reconoce la naturaleza del ius cogens del crimen internacional de tortura que, seg\u00fan esto, existe como tal mucho antes de la entrada en vigor de la Convenci\u00f3n<\/strong>.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0A las anteriores consideraciones sobre la criminalidad de las desapariciones forzadas perpetradas desde 1936 en adelante, por efecto de la prolongaci\u00f3n del estado de guerra hasta 1948, de su condena internacional y del desarrollo del Derecho humanitario aplicado por el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y confirmado por la Asamblea General, hay que destacar el significativo paso adelante contra la impunidad aportado tras el caso Scilingo en Espa\u00f1a. Como se recordar\u00e1, la Audiencia Nacional dict\u00f3 sentencia en abril de 2005 condenando al ex militar argentino a 640 a\u00f1os de privaci\u00f3n de libertad por cr\u00edmenes contra la humanidad, entre ellos por asistir a sesiones de tortura en la Escuela de Mec\u00e1nica (ESMA) y lanzar personas al mar desde avionetas para su completa \u201cdesaparici\u00f3n\u201d.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0El <\/span>Tribunal cuando considera que, a\u00fan invoc\u00e1ndose la comisi\u00f3n de delitos comunes no calificados en ese momento como imprescriptibles, deben tenerse en cuenta (6\u00ba Fundamento jur\u00eddico, par. 10\u00ba):<\/span><\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0a) La calificaci\u00f3n de los hechos como conductas delictivas en el momento de la comisi\u00f3n de los hechos.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0b) Las circunstancias relevantes concurrentes en un hecho delictivo, aun cuando no sean t\u00edpicas, siempre que se acuda a criterios adecuados jur\u00eddicamente al ordenamiento.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0c) El elemento de contexto, caracter\u00edstico de los cr\u00edmenes de lesa humanidad.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0d) La calificaci\u00f3n de los hechos como cr\u00edmenes de lesa humanidad en el momento de su comisi\u00f3n.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0e) La voluntad de perseguir penalmente esta clase de hechos en el momento de su comisi\u00f3n cuando concurre el elemento de contexto.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0Considera el Fiscal de la A.N. que los hechos expuestos en la denuncia estaban tipificados como delitos comunes en el momento de su comisi\u00f3n como detenci\u00f3n ilegal, pero que el C\u00f3digo penal de la \u00e9poca (aprobado en 1932) no conten\u00eda esta concreta \u201ctipificaci\u00f3n\u201d de la imprescriptibilidad. Coincidimos en esta observaci\u00f3n, pero, no obstante, consideramos que ello no supone autom\u00e1ticamente calificar esas detenciones ilegales como delitos comunes sin tener en cuenta los elementos mencionados, extra\u00eddos de la normativa y la jurisprudencia internacionales. En cualquier caso, el principio de imprescriptibilidad ata\u00f1e a la culpabilidad, no al tipo de injusto, que era bien concreto en el momento de la comisi\u00f3n de las detenciones ilegales.<\/span><\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0Y, dado que no existe ninguna vulneraci\u00f3n al principio de legalidad, el Auto, de fecha 26 de marzo de 1988 dictado por el Juzgado Central de Instrucci\u00f3n n\u00ba 5, en cuanto a la ampliaci\u00f3n de extradici\u00f3n de Pinochet<\/em> por el delito de tortura mental de los familiares de 1.198 detenidos-desaparecidos, reconoc\u00eda que \u201cen tanto no s\u00e9 de raz\u00f3n sobre el paradero de las personas desaparecidas, el delito se sigue cometiendo (delito de ejecuci\u00f3n permanente). Por tanto, permanece vigente el derecho de los familiares a conocer el destino de la v\u00edctima:<\/em> negar este derecho por el hecho de que la privaci\u00f3n de libertad se haya producido antes de septiembre de 1988, puede ser en s\u00ed mismo un trato inhumano<\/em><\/strong>\u201d. E, invoca la Declaraci\u00f3n de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1992 sobre la desaparici\u00f3n forzada de personas.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0As\u00ed, <\/span>la Resoluci\u00f3n 47\/133, de 18 de diciembre de 1992, dictada por Naciones Unidas \u201csobre protecci\u00f3n de todas las personas contra las desapariciones forzadas<\/em><\/strong>\u201d considera que las desapariciones forzadas afectan a los valores m\u00e1s profundos de toda sociedad respetuosa de la primac\u00eda del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y que su practica sistem\u00e1tica representa un crimen de lesa humanidad<\/strong>, estableciendo en su art. 1 que \u201ctodo acto de desaparici\u00f3n forzada constituye un ultraje a la dignidad humana. …. Todo acto de desaparici\u00f3n forzada<\/strong> sustrae a la v\u00edctima de la protecci\u00f3n de la ley y le causa graves sufrimientos<\/strong>, lo mismo que a su familia<\/strong> ….”<\/span><\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0Y, afirma que, todo acto de desaparici\u00f3n forzada ser\u00e1 considerado delito permanente mientras sus autores contin\u00faen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos (art. 17).<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0Por ello, las v\u00edctimas de actos de desaparici\u00f3n forzada y sus familiares deber\u00e1n obtener reparaci\u00f3n y tendr\u00e1n derecho a\u00a0 <\/span>ser indemnizadas de una manera adecuada y a disponer de los medios que les aseguren una readaptaci\u00f3n tan completa como sea posible (art. 19).<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0En las presentes actuaciones nos encontramos ante la denuncia de la desaparici\u00f3n forzada de 196 personas que se encontraban a disposici\u00f3n de la autoridad competente en ese momento, por lo que a tenor de lo establecido en la referida resoluci\u00f3n de Naciones Unidas, en nuestra opini\u00f3n, es que nos encontramos ante la comisi\u00f3n de un delito que todav\u00eda hoy se sigue cometiendo.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0N<\/span>o estamos valorando las cifras sobre las v\u00edctimas civiles y militares de la guerra civil en uno u otro bando, ni tampoco vamos a discutir si los cr\u00edmenes perpetrados entonces fueron m\u00e1s atroces, sistem\u00e1ticos o masivos en la parte nacional que en la parte republicana, o a la inversa. Nos centramos en los \u201cdesaparecidos\u201d durante la guerra civil y la posguerra<\/strong> espa\u00f1olas relacionados con el bando republicano, ya que el r\u00e9gimen franquista se encarg\u00f3 expresa y ampliamente de esclarecer, perseguir y sancionar incluso con la pena capital los \u201chechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominaci\u00f3n roja\u201d, con la incoaci\u00f3n de juicios sumar\u00edsimos contra militares, pol\u00edticos y civiles republicanos acusados absurdamente de \u201cauxilio a la rebeli\u00f3n\u201d por quienes precisamente hab\u00edan cometido el delito de rebeli\u00f3n contra el Gobierno y la forma de Estado. La criminalidad de algunos de estos \u201chechos delictivos\u201d tambi\u00e9n podr\u00eda ser calificada de absurda si no fuera por la gravedad de las condenas y lo injusto de la represi\u00f3n. As\u00ed, por ejemplo, se aprob\u00f3 la Ley de Responsabilidades Pol\u00edticas, de 9 febrero 1939 y Ley de Represi\u00f3n de la Masoner\u00eda y el Comunismo, de 1 marzo 1940. La primera, vigente hasta 1966, se aplic\u00f3 por hechos realizados hasta cinco a\u00f1os antes.\u00a0<\/span><\/span><\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0Si el acto de desaparici\u00f3n forzada se ha cometido como parte de un ataque sistem\u00e1tico o masivo contra la poblaci\u00f3n civil, entra dentro de la categor\u00eda de cr\u00edmenes contra la humanidad, por lo que se le aplicar\u00e1 el r\u00e9gimen jur\u00eddico propio de estos cr\u00edmenes, a saber: su imprescriptibilidad, la no exoneraci\u00f3n de responsabilidad por haber actuado cumpliendo leyes internas u \u00f3rdenes de superiores jer\u00e1rquicos (ser\u00eda, en alg\u00fan caso, una circunstancia atenuante) y el no reconocimiento de ninguna inmunidad a jefes de Estado o de gobierno.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0Todo lo anterior corresponde al Derecho internacional contempor\u00e1neo y tambi\u00e9n al Derecho espa\u00f1ol vigente, tras la incorporaci\u00f3n de los cr\u00edmenes contra la humanidad y de la desaparici\u00f3n forzada como tal crimen en el C\u00f3digo penal espa\u00f1ol. Las desapariciones que nos interesan son las derivadas de detenciones practicadas entre 1936 y 1950.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0En nuestros escritos enviados a la Audiencia Nacional, y que constan en la causa, hemos acreditado y documentado algunos casos de desaparici\u00f3n practicada en 1950, lo que le lleva a sostener que el r\u00e9gimen franquista sigui\u00f3 utilizando el m\u00e9todo de la desaparici\u00f3n forzada hasta la d\u00e9cada de los cincuenta.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0TERCERA<\/span><\/u><\/strong>.- Calificaci\u00f3n de las desapariciones de civiles seg\u00fan las leyes y principios de humanidad<\/span><\/strong><\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0Ya hemos indicado que la proscripci\u00f3n general de los ataques contra cualquier poblaci\u00f3n civil en tiempo de guerra vendr\u00eda establecida por las leyes y usos de la guerra y, en concreto, por la conocida Cla\u00fasula Martens<\/strong>, una cl\u00e1usula que reserva a los beligerantes y a los pueblos la protecci\u00f3n de los principios y las leyes de humanidad y que estaba incorporada en el Pre\u00e1mbulo del Convenio de La Haya de 1907, donde se establece que \u201cen espera de que un C\u00f3digo m\u00e1s completo de las leyes de la guerra pueda ser dictado, las altas partes contratantes juzgan oportuno hacer constar que en los casos no comprendidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellos, los pueblos y los beligerantes quedan bajo la salvaguardia y el imperio de los principios del derecho de gentes, tales como resultan de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de humanidad y de las exigencias de la conciencia p\u00fablica\u201d.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0El Convenio de La Haya, de 1899, codificaba las leyes y usos de la guerra de car\u00e1cter consuetudinario.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0Tras la I Guerra Mundial, la Comisi\u00f3n creada por la Conferencia preliminar de paz de Par\u00eds (1919-1920) determin\u00f3 e investig\u00f3, en Informe de 29 de marzo de 1919, las responsabilidades \u201csobre los delitos cometidos por las autoridades de las fuerzas de los Imperios centrales y de sus Aliados contra las leyes y costumbres de la guerra y las leyes de humanidad\u201d, reconociendo \u201clos principios del derecho de gentes as\u00ed como resultan de los usos establecidos entre los pueblos civilizados, de las leyes de humanidad y de los dictados de la conciencia p\u00fablica\u201d, retomando as\u00ed la redacci\u00f3n de la Cl\u00e1usula Martens<\/em>.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0Se tipificaba como infracci\u00f3n los asesinatos y masacres, terrorismo sistem\u00e1tico, tortura de civiles, violaci\u00f3n, deportaci\u00f3n de civiles, detenci\u00f3n e internamiento de civiles en condiciones inhumanas, trabajo forzoso de civiles en conexi\u00f3n con operaciones militares del enemigo… Se inclu\u00edan actos cometidos contra los propios nacionales de los Imperios centrales, en referencia a las masacres de armenios por turcos, denunciadas el 28 de mayo de 1915 por los Gobiernos de Francia, Reino Unido y Rusia como \u201ccr\u00edmenes contra la humanidad y la civilizaci\u00f3n\u201d<\/strong>.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0Posteriormente, se dicta el Convenio de Ginebra, de 27 de julio de 1929, relativo al tratamiento de los prisioneros de guerra.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0En el periodo entre guerras se utilizaron expresiones relativas a las \u201cleyes y dictados de humanidad\u201d en algunas ocasiones durante este periodo, durante la guerra en Espa\u00f1a y tambi\u00e9n durante y tras la guerra entre Italia y Etiop\u00eda, para condenar operaciones militares contra barcos comerciales, en el primer caso, y ataques contra la poblaci\u00f3n civil, por el uso indiscriminado y masivo de gas venenoso prohibido, en este \u00faltimo conflicto<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0Tras la II Guerra Mundial, en las negociaciones en torno al Acuerdo de Londres que incorporaba anexo el Estatuto del TMI se decidi\u00f3 agrupar bajo un t\u00e9rmino gen\u00e9rico las atrocidades y las persecuciones que no pod\u00edan ser calificadas como cr\u00edmenes de guerra y para las que la comunidad y la opini\u00f3n p\u00fablica internacionales reclamaban su castigo. En el informe previo al Acuerdo, elaborado por el juez norteamericano JACKSON, se invocaron las \u201cleyes de humanidad\u201d, el Convenio IV de La Haya y los principios de Derecho penal \u201casimilados como parte del Derecho internacional al menos desde 1907\u201d como base de la acusaci\u00f3n por \u201catrocidades y delitos, incluidas atrocidades y persecuciones por motivos raciales o religiosos, cometidas desde 1933\u201d: persecuciones religiosas, pol\u00edticas y raciales a gran escala; supresi\u00f3n de los sindicatos, liquidaci\u00f3n de cualquier influencia religiosa o moral; opresi\u00f3n, formas crueles de tortura; asesinatos a gran escala; confiscaci\u00f3n general de la propiedad; exterminio de poblaciones enteras; deportaci\u00f3n a grupos de trabajo de gran parte de la poblaci\u00f3n civil de los territorios ocupados; denegaci\u00f3n de la protecci\u00f3n legal ordinaria a las poblaciones esclavizadas… Todos estos actos \u2014se afirmaba en el Informe\u2014 \u201cson criminales seg\u00fan las normas en vigor en el conjunto de los pa\u00edses civilizados, y constituyen tambi\u00e9n graves violaciones del Derecho internacional expuestas en el IV Convenio de la Haya de 1907<\/strong>, que contiene, de acuerdo con el Informe, la ley de humanidad y las prescripciones de la conciencia p\u00fablica\u201d.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0Tras la guerra civil no se constituy\u00f3 ning\u00fan tribunal militar internacional y la represi\u00f3n franquista posterior elimin\u00f3 cualquier intento de exigir justicia por las persecuciones y los actos inhumanos perpetrados durante y tras la guerra civil. En Espa\u00f1a hubo ejecuciones extrajudiciales masivas y sistem\u00e1ticas, trabajos forzados, confiscaci\u00f3n de bienes y cautiverio en campos de concentraci\u00f3n o prisiones clandestinas o ilegales, durante prolongados per\u00edodos; hubo listas con los nombres de las personas que iban a \u201cdesaparecer\u201d (las sacas o los paseos de los falangistas, que hoy ser\u00edan considerados como \u201cfuerzas paramilitares\u201d), torturas generalizadas, persecuciones pol\u00edticas y religiosas, sustracci\u00f3n de menores y adopciones ilegales, discriminaci\u00f3n sistem\u00e1tica y masiva de toda una parte de la poblaci\u00f3n considerada como \u201croja\u201d, es decir, \u201ccriminal\u201d en el lenguaje del r\u00e9gimen franquista.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0A pesar del final de las hostilidades el 1 de abril de 1939, cabe destacar que las autoridades militares controlaron todo lo relacionado con el mantenimiento y salvaguarda del orden p\u00fablico, prolongando el estado de guerra hasta el 5 de marzo de 1948. Por tanto, segu\u00edan siendo aplicables las leyes y usos de la guerra as\u00ed como fueron interpretados por el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y confirmados por la Asamblea General de 1945, es decir, incluyendo los cr\u00edmenes contra la humanidad.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0En la Resoluci\u00f3n 32 (I) del 9 de febrero de 1946 las Naciones Unidas expresaron condena al r\u00e9gimen de Franco: \u201cel actual gobierno espa\u00f1ol, el cual habiendo sido fundado con el apoyo de las potencias del Eje, no posee en vistas de sus or\u00edgenes, su naturaleza, su historial y su \u00edntima asociaci\u00f3n con los Estados agresores, las condiciones que justifiquen su admisi\u00f3n\u201d. En la Resoluci\u00f3n 39 (I) de 12 de diciembre de 1946, el \u00f3rgano plenario de Naciones Unidas insist\u00eda en que por \u201csus or\u00edgenes, naturaleza, estructura y conducta general, el r\u00e9gimen de Franco es un r\u00e9gimen fascista modelado sobre, y en gran medida establecido gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y la Italia fascista de Mussolini\u201d, y culpable, asimismo, de conspiraci\u00f3n para cometer cr\u00edmenes contra la paz desencadenando la II Guerra Mundial.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0Entendemos por tanto, que los argumentos que basaron la sanci\u00f3n de los cr\u00edmenes nazis son aplicables a los cr\u00edmenes cometidos durante la Guerra civil y durante la represi\u00f3n franquista.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0As\u00ed, insistimos en <\/span>la calificaci\u00f3n de los hechos denunciados como cr\u00edmenes de lesa humanidad de desaparici\u00f3n forzada, y no simplemente como delitos comunes, por los siguientes motivos:<\/span><\/strong><\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a01\u00ba.- El art\u00edculo 6 del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg (anejo al Acuerdo de Londres, 1945) es la primera norma escrita en la que se emple\u00f3 el t\u00e9rmino \u201ccr\u00edmenes contra la humanidad\u201d en el Derecho internacional penal positivo, pero, de acuerdo con la Sentencia del propio Tribunal, la noci\u00f3n de la protecci\u00f3n de civiles en tiempos de guerra ya estaba establecida en la regulaci\u00f3n internacional de los conflictos armados precedente al Acuerdo de Londres.<\/strong><\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a02\u00ba.- Inicialmente vinculada a los conflictos armados internacionales, la noci\u00f3n de cr\u00edmenes contra la humanidad se empez\u00f3 a perfilar t\u00e9cnicamente como una extensi\u00f3n del ius in bello<\/em> durante de la I Guerra Mundial, como categor\u00eda de delitos comunes caracterizados por atentar contra \u201cleyes o principios de humanidad\u201d con atrocidades, actos inhumanos y persecuciones contra la propia poblaci\u00f3n civil (al contrario de los cr\u00edmenes de guerra, contra la poblaci\u00f3n ocupada o la poblaci\u00f3n de la Potencia enemiga). El Tratado de Versalles (1919), constituy\u00f3 un Alto Tribunal que ten\u00eda que aplicar los principios generales del derecho de gentes \u201cas\u00ed como resultaban de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de humanidad y de las exigencias de la conciencia p\u00fablica\u201d, pero el Tribunal no se lleg\u00f3 a constituir nunca. La falta de aplicaci\u00f3n o de jurisdicci\u00f3n que aplicara la norma hasta 1945 no significa que no existiera la norma que proh\u00edbe los cr\u00edmenes de lesa humanidad (actos inhumanos y persecuciones contra la poblaci\u00f3n civil) antes de la Guerra civil espa\u00f1ola.<\/span><\/o:p><\/span><\/strong><\/p>\n

\u00a03\u00ba.- En los trabajos preparatorios del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, anejo al Acuerdo de Londres de 1945, es decir, en el Informe del juez Jackson,<\/span> se invocaron las \u201cleyes de humanidad\u201d<\/u>, el Convenio IV de La Haya y los principios de Derecho penal \u201casimilados como parte del Derecho internacional al menos desde 1907<\/u>\u201d como base de la acusaci\u00f3n por \u201catrocidades y delitos, incluidas atrocidades y persecuciones por motivos raciales o religiosos, cometidas desde 1933\u201d en Alemania<\/u>. El Informe describ\u00eda los actos cometidos antes y durante la guerra que, constatados por la Comisi\u00f3n de las naciones unidas para los cr\u00edmenes de guerra, eran considerados como atrocidades o como persecuciones reprochables: persecuciones religiosas, pol\u00edticas y raciales a gran escala; supresi\u00f3n de los sindicatos, liquidaci\u00f3n de cualquier influencia religiosa o moral; opresi\u00f3n, formas crueles de tortura; asesinatos a gran escala; confiscaci\u00f3n general de la propiedad; exterminio de poblaciones enteras; deportaci\u00f3n a grupos de trabajo de gran parte de la poblaci\u00f3n civil de los territorios ocupados; denegaci\u00f3n de la protecci\u00f3n legal ordinaria a las poblaciones esclavizadas… Todos estos actos \u2014se afirmaba en<\/span> <\/span>el Informe\u2014 \u201cson criminales seg\u00fan las normas en vigor en el conjunto de los pa\u00edses civilizados, y constituyen tambi\u00e9n graves violaciones del Derecho internacional expuestas en el IV Convenio de la Haya de 1907, que contiene, de acuerdo con el Informe, la ley de humanidad y las prescripciones de la conciencia p\u00fablica\u201d. Se entendi\u00f3 que las atrocidades y las persecuciones contra la propia poblaci\u00f3n civil realizadas durante o en relaci\u00f3n con la guerra eran una cuesti\u00f3n internacional porque formaban parte de un plan para llevar a cabo una guerra injusta o ilegal y por ello se vincularon inicialmente los cr\u00edmenes contra la humanidad a un conflicto armado.\u00a0<\/span><\/span><\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a04. Las desapariciones practicadas durante la guerra civil espa\u00f1ola son coet\u00e1neas a los cr\u00edmenes de lesa humanidad perpetrados en Alemania<\/u> antes de la II Guerra mundial pero en relaci\u00f3n con ella, que fueron perseguidos y enjuiciados por el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg creado por el Acuerdo de Londres de 1945. Aunque las detenciones ilegales no estuvieran tipificadas en el C\u00f3digo penal espa\u00f1ol de 1932 como desapariciones forzadas ni como cr\u00edmenes de lesa humanidad, y que en los juicios de Nuremberg \u00e9stos fueran juzgados s\u00f3lo en relaci\u00f3n con la II Guerra Mundial, dos argumentos nos permiten considerar esas desapariciones tambi\u00e9n como cr\u00edmenes contra la humanidad: el mantenimiento de la situaci\u00f3n de guerra hasta el 5 de marzo de 1948 por el r\u00e9gimen franquista (por lo que se aplicar\u00edan las leyes y costumbres de la guerra) y la condena del r\u00e9gimen franquista por las Naciones Unidas (Resoluciones 32 (I) del 9 de febrero y de 12 de diciembre de 1946) como r\u00e9gimen fascista asociado a los pa\u00edses del Eje e incluso como culpable de conspiraci\u00f3n en la II Guerra Mundial. Estos elementos deben tenerse en cuenta a la hora de valorar la voluntad de perseguir penalmente esta clase de hechos<\/u> (y no esos hechos en concreto) en el momento de su comisi\u00f3n y cuando concurre el elemento de contexto.<\/span><\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0El principio de legalidad penal, <\/span>en su doble aspecto de garant\u00eda criminal \u2014tipificaci\u00f3n de conductas sancionables\u2014 y penal \u2014establecimiento de las penas correlativas\u2014, no puede ser entendido de forma tan mec\u00e1nica que anule la libertad del Juez, porque \u00e9ste tiene libertad de criterios siempre que no contradiga o se aparte substancialmente de la legalidad, para operar \u00abconstrucciones jur\u00eddicas\u00bb, como la de \u201ccr\u00edmenes de lesa humanidad\u201d o \u201cdelitos continuados\u201d sin transgredir la legalidad internacional, que es aplicable tambi\u00e9n de acuerdo con la propia Constituci\u00f3n espa\u00f1ola.<\/span><\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0Sin tener en cuenta otros criterios que la condici\u00f3n de una lex previa, stricta, escripta y certa, el Fiscal de la A.N. identifica, en nuestra opini\u00f3n, la falta de castigo efectivo<\/em> de las conductas referidas con la inexistencia de la norma que prohib\u00eda los actos inhumanos y las persecuciones contra la poblaci\u00f3n civil desde 1936, no tiene en cuenta en ning\u00fan momento el contexto pol\u00edtico e ilegal del r\u00e9gimen franquista. La falta de castigo en un contexto de falta de libertades, derechos y garant\u00edas, explica f\u00e1cilmente que el paso de los a\u00f1os sin investigaci\u00f3n ni persecuci\u00f3n que no puede imputarse a negligencia o desd\u00e9n de las v\u00edctimas.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0En este sentido, consideramos que esta situaci\u00f3n de persecuci\u00f3n, indefensi\u00f3n y de impunidad es similar a la que motiv\u00f3 la represi\u00f3n de los cr\u00edmenes de lesa humanidad por el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg: <\/span>por una parte, el Gobierno nazi hab\u00eda suprimido cualquier vestigio de las reglas de Derecho que hac\u00edan de un Estado un miembro de la comunidad internacional, y ello permit\u00eda al resto de miembros de esta comunidad de Estados intervenir para proteger a las personas que, bajo la jurisdicci\u00f3n alemana, hab\u00edan sido privadas de sus derechos m\u00e1s elementales como seres humanos; por otra parte, se afirmaba que la comisi\u00f3n de cr\u00edmenes contra la humanidad no era una actividad leg\u00edtima de un Estado dentro sus propias fronteras, y no pod\u00eda pertenecer al \u00e1mbito de los asuntos internos exclu\u00eddo de la intervenci\u00f3n de otros Estados bajo el principio de soberan\u00eda .<\/span><\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0La certeza de la conducta prohibida y la previsibilidad de sanci\u00f3n no pueden referirse a su tipificaci\u00f3n y efectivo cumplimiento en un r\u00e9gimen autoritario como fue el franquista, que implant\u00f3 en todo el territorio la represi\u00f3n pol\u00edtica amparada jur\u00eddicamente por bandos militares y leyes que en ning\u00fan caso deben contemplarse como legalidad aplicable en detrimento del principio de Justicia y de las normas y principios que, coet\u00e1neamente a la guerra civil espa\u00f1ola, la sociedad internacional proclam\u00f3 en la Sentencia y en los Principios de Nuremberg, confirmados por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resoluci\u00f3n 95-I, de 1946) como derecho vigente.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0Por estos motivos, solicitamos al Juez que tenga en cuenta el contexto pol\u00edtico e ilegal del r\u00e9gimen franquista y aplique el principio de legalidad teniendo en cuenta no s\u00f3lo el Derecho nacional sino tambi\u00e9n el internacional, de acuerdo con los art\u00edculos 15 y 7 del pacto internacional de derechos civiles y pol\u00edticos y del Convenio europeo de derechos y libertades fundamentales, respectivamente, vinculantes para Espa\u00f1a.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0CUARTA<\/span><\/u><\/strong>.- En cuanto a la LEY 46\/1977, de 15 de octubre, de amnist\u00eda<\/strong>, en el momento de su promulgaci\u00f3n fue celebrada como la primera conquista de la transici\u00f3n a la democracia al permitir que salieran en libertad los presos pol\u00edticos, que lucharon por el restablecimiento de la democracia y la libertad, cuando ello era un delito en Espa\u00f1a.<\/span><\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0Tambi\u00e9n se amnistiaron los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden publico, con motivo u ocasi\u00f3n de la investigaci\u00f3n y persecuci\u00f3n de los actos incluidos en esta ley, y los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden publico contra el ejercicio de los derechos de las personas \u201csiempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas\u201d<\/strong> (art. primero I.), que son los que se denuncian.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Entendemos, por tanto, que esta Ley no cubre los delitos de desaparici\u00f3n forzada, adem\u00e1s de que, siguiendo al Fiscal Jim\u00e9nez Villarejo, la amnist\u00eda se aplicar\u00eda a los delitos juzgados hasta 1977 (en concreto, los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden publico contra el ejercicio de los derechos de las personas), y en este caso, no habr\u00eda delito individualizado mediante condena. Mientras no aparezca la persona detenida y desaparecida, el delito tiene efectos permanentes<\/o:p><\/span><\/p>\n

En cualquier caso, consideramos que la Ley de amnist\u00eda es una norma preconstitucional que no es aplicable de conformidad con el Derecho internacional, en concreto de acuerdo con el art\u00edculo 13 del Convenio europeo de derechos y libertades fundamentales, d<\/span>e 4 de Noviembre de 1950, ratificado por Espa\u00f1a con fecha 26 de septiembre de 1979, y publicado en el Bolet\u00edn Oficial del Estado de 10 de octubre de 1979, donde se promulga que \u201c<\/span>Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados tiene derecho a la concesi\u00f3n de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violaci\u00f3n haya sido cometida por personas que act\u00faen en el ejercicio de sus funciones judiciales<\/strong>\u201d.<\/span><\/span><\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0Adem\u00e1s, Espa\u00f1a ratific\u00f3 el Pacto internacional de derechos civiles y pol\u00edticos el 13 <\/span>de abril de 1977, seis meses antes de la adopci\u00f3n de la Ley de amnist\u00eda, por lo que esta Ley no es aplicable tampoco al negar el derecho efectivo a obtener reparaci\u00f3n a las personas detenidas ilegalmente (Art\u00edculo 9.5), entendiendo que la reparaci\u00f3n no es una simple indemnizaci\u00f3n, de acuerdo con las normas internacionales. Consideramos que, al tratarse de una ley preconstitucional, seg\u00fan conocida doctrina del Tribunal Constitucional<\/span> el efecto derogatorio de la Constituci\u00f3n puede ser apreciado directamente por cualquier Juez o Tribunal.<\/span><\/span><\/o:p><\/span><\/strong><\/p>\n

Baste tener en cuenta para ello la remisi\u00f3n al Principio 24 del Conjunto de principios actualizado para la protecci\u00f3n y la promoci\u00f3n de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad<\/em> (NU doc. E\/CN.4\/2005\/102\/Add.1, de 8 de febrero de 2005), sobre Restricciones y otras medidas relativas a la amnist\u00eda:<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u201cIncluso cuando tenga por finalidad crear condiciones propicias para alcanzar un acuerdo de paz o favorecer la reconciliaci\u00f3n nacional, la amnist\u00eda y dem\u00e1s medidas de clemencia se aplicar\u00e1n dentro de los siguientes l\u00edmites:<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0a) Los autores de delitos graves conforme al derecho internacional no podr\u00e1n beneficiarse de esas medidas mientras el Estado no cumpla las obligaciones enumeradas en el principio 19 o los autores hayan sido sometidos a juicio ante un tribunal competente, sea internacional o internacionalizado o nacional, fuera del Estado de que se trata.<\/o:p><\/span><\/p>\n

b) La amnist\u00eda y otras medidas de clemencia no afectan al derecho de las v\u00edctimas a reparaci\u00f3n previsto en los principios 31 a 34, y no menoscabar\u00e1n en el derecho a saber.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Por todo ello, tal Ley no podr\u00e1 ser tenida en cuenta en las presentes actuaciones.<\/o:p><\/span><\/p>\n

QUINTA<\/span><\/u><\/strong>.- <\/span>En el presente procedimiento, en fecha 8 de junio de 2009, esta parte ha sido notificada de providencia de fecha 1 de junio de los corrientes mediante la cual se daba traslado a la acusaci\u00f3n particular para que identifique a las personas contra las cuales se dirige el procedimiento y concrete las diligencias probatorias cuya pr\u00e1ctica se interesa.<\/span><\/o:p><\/span><\/p>\n

Esta parte, en tiempo y forma, ya indic\u00f3 que en este momento inicial del procedimiento no pod\u00eda concretar de manera precisa las identidades exactas de los autores de los hechos, por cuanto, de momento, los datos que conocemos de lo acontecido son sospechas, no investigadas judicialmente que, aun consider\u00e1ndolos indicios bastantes, entendemos que es necesaria la pr\u00e1ctica de las diligencias de prueba para identificar a los presuntos autores (materiales o no) y que reiteramos y repetimos en el cuerpo del presente escrito, todas ellas diligencias que,\u00a0 <\/span>ayudar\u00e1n al esclarecimiento de la verdad material de lo sucedido.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\t<\/span>Por ello, prima facie, esta defensa entiende que es preciso la pr\u00e1ctica de diversas diligencias probatorias, por cuanto, al encontrarnos ante un presunto delito de detenci\u00f3n ilegal y desaparici\u00f3n forzada, tal y como dispone el auto de fecha 21 de abril de 2009 dictado por el Juzgado al que me dirijo, es preciso llevar a cabo una investigaci\u00f3n sobre los hechos, para as\u00ed poder esclarecer la verdad material de los mismos y, en consecuencia, poder determinar la identidad de los posibles autores de dichos hechos.<\/o:p><\/span><\/p>\n

\t<\/span>Por tanto, esta defensa considera que es preciso recoger todos los elementos de prueba necesarios que puedan ayudar a la comprobaci\u00f3n del delito y a la identificaci\u00f3n de los posibles delincuentes, tal y como queda suficientemente determinado en lo establecido legalmente en el art\u00edculo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dice que \u201cSe consideran como primeras diligencias la de consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer, la de recoger y poner en custodia cuanto conduzca a su comprobaci\u00f3n y a la identificaci\u00f3n del delincuente, la de detener, en su caso, a los presuntos responsables del delito, y la de proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo, a sus familiares o a otras personas<\/u>, pudiendo acordarse a tal efecto las medidas cautelares a las que se refiere el art\u00edculo 544 bis o la orden de protecci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 544 ter de esta Ley\u201d.<\/em><\/o:p><\/span><\/p>\n

\t<\/span>As\u00ed las cosas, y siguiendo nuestra tesis, entendemos que el citado art\u00edculo impone, en primer lugar, el deber de los \u00f3rganos jurisdiccionales a dar protecci\u00f3n a los perjudicados y a los ofendidos por el delito.<\/span><\/em><\/o:p><\/span><\/p>\n

\t<\/span>La jurisprudencia y doctrina mayoritaria, entre la que citamos a Don Antonio Do\u00f1ate, magistrado jubilado, entienden que la Ley 52\/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y ampl\u00edan derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecuci\u00f3n o violencia durante la guerra civil y la dictadura, deja abierta la v\u00eda judicial penal ya que la citada ley declara los derechos reconocidos en la misma, con el ejercicio de cualesquiera otras \u201cacciones o acceso a los procedimientos ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes o en los convenios y tratados internacionales suscritos por Espa\u00f1a\u201d, seg\u00fan establece la Disposici\u00f3n Adicional segunda de dicha Ley 52\/2007.<\/span><\/em><\/o:p><\/span><\/p>\n

\t<\/span>La doctrina mayoritaria de Derecho Penal, y penal procesal, as\u00ed como la jurisprudencia, entienden que el delito de detenci\u00f3n ilegal es un delito permanente. Incluso lo se\u00f1alan como el supuesto t\u00edpico \u201cde lo que es un delito permanente\u201d. Todo ello, porque despu\u00e9s de su consumaci\u00f3n contin\u00faa ininterrumpida la violaci\u00f3n jur\u00eddica perfeccionada en aqu\u00e9lla.<\/span><\/em><\/o:p><\/span><\/p>\n

\t<\/span>Lo que se est\u00e1 denunciando en este procedimiento por parte de las v\u00edctimas, entre otros, es un delito de detenci\u00f3n ilegal, que tras la oportuna y obligada investigaci\u00f3n podr\u00e1 conducir a que se califique o no de asesinato.<\/span><\/em><\/o:p><\/span><\/p>\n

\t<\/span>Por todo ello, es por que lo consideramos que, dicho sea en t\u00e9rminos de defensa y con el debido respeto, en primer lugar se deben consignar por parte de los \u00f3rganos jurisdiccionales las pruebas del delito que puedan desaparecer y recoger y poner en custodia cuanto conduzca a su comprobaci\u00f3n y la identificaci\u00f3n del delincuente, para as\u00ed poder proteger los intereses de las v\u00edctimas y perjudicados que, en el presente caso se est\u00e1 produciendo un sufrimiento \u201carrastrado\u201d que lleva durando tantos a\u00f1os, que incluso llega al punto \u201cde pasar de una generaci\u00f3n a otra\u201d, impregnado en la conciencia de los descendientes de los desaparecidos.<\/span><\/em><\/o:p><\/span><\/p>\n

\t<\/span>La consideraci\u00f3n un\u00e1nime de la doctrina y la jurisprudencia\u00a0 <\/span>que el delito de detenci\u00f3n ilegal es un delito permanente tiene la importante consecuencia de que, pese al tiempo transcurrido los delitos de detenci\u00f3n ilegal y los secuestros de ni\u00f1os, ni han prescrito ni les son aplicables las Leyes de Amnist\u00eda de 1976 y 1977, entre otras razones por lo dispuesto en el art\u00edculo 132.1 del C\u00f3digo Penal vigente y porque siguen cometi\u00e9ndose hasta que no se acredite que se ha eliminado la situaci\u00f3n jur\u00eddica il\u00edcita de su privaci\u00f3n de libertad o secuestro. Tambi\u00e9n, porque la Amnist\u00eda decretada en 1977, entiende esta defensa a nivel doctrinal (entre otros Do\u00f1ate) que, devino inconstitucional por contraria a la justicia e igualdad como valores superiores del ordenamiento jur\u00eddico, conforme al art\u00edculo primero de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola de 1978, puestos en relaci\u00f3n con la prohibici\u00f3n de indultos generales del art\u00edculo 62, i) de la misma.<\/span><\/em><\/o:p><\/span><\/p>\n

\t<\/span>En este sentido, y aras a reforzar nuestra tesis, tambi\u00e9n podr\u00eda entrar en juego, en un segundo momento, para complementar la normativa procesal y penal de nuestro pa\u00eds, la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de las leyes de Amnist\u00eda a la vista del Derecho Penal Internacional.<\/span><\/em><\/o:p><\/span><\/p>\n

\t<\/em><\/span>Por todo ello, esta parte interesa la pr\u00e1ctica de las diligencias de prueba<\/u><\/em><\/strong> que se detallan a continuaci\u00f3n a los efectos de coadyuvar con la Administraci\u00f3n de Justicia,\u00a0 <\/span>a la comprobaci\u00f3n de los hechos y a la averiguaci\u00f3n de los posibles autores de los mismos, y una vez recogido este material probatorio inicial, se podr\u00e1n acordar por parte del Juzgado nuevas diligencias de prueba, ad hoc, y muy especialmente el del investigador en historia y el documentalista, por cuanto podr\u00e1n relatar lo que aconteci\u00f3 en una \u00e9poca, que se nos antoja no tan lejana, con descripci\u00f3n topogr\u00e1fica del lugar donde presuntamente se encuentran los cad\u00e1veres de los \u201cdesparecidos\u201d.<\/span><\/o:p><\/span><\/em><\/p>\n

\t<\/span>-Declaraci\u00f3n Testifical<\/span><\/strong> de las siguientes personas:<\/span><\/span><\/o:p><\/span><\/em><\/p>\n

.-<\/o:p><\/span><\/p>\n

.-<\/o:p><\/span><\/p>\n

.-<\/o:p><\/span><\/p>\n

.-<\/o:p><\/span><\/p>\n

.-.<\/o:p><\/span><\/p>\n

.-.<\/o:p><\/span><\/p>\n

.-<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/o:p><\/span><\/p>\n

(Todos ellos son familiares de las v\u00edctimas y testigos directos de las desapariciones de las v\u00edctimas.)<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0\t<\/span>-Declaraci\u00f3n de los testigos-peritos<\/span><\/strong>:<\/span><\/o:p><\/span><\/p>\n

.-Don \u00a0<\/span>(En su condici\u00f3n de investigador)<\/o:p><\/span><\/p>\n

.-Don \u00a0<\/span>(En su condici\u00f3n de documentalista)<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0En\u00a0 <\/span>su virtud,<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0SUPLICO AL JUZGADO<\/span><\/strong>, que tenga por presentado este escrito con sus copias, lo admita y por interpuesto en tiempo y forma RECURSO DE REFORMA, en contra del auto de fecha 14 de octubre de 2009, notificado a esta parte d\u00eda 28 de octubre de 2009, y tras los tr\u00e1mites de rigor se reforme la resoluci\u00f3n que se combate, y se siga con la instrucci\u00f3n de la presente causa, ordenando las diligencias peticionadas, as\u00ed como la exhumaci\u00f3n de fosas donde presuntamente se cometieron los hechos denunciados, <\/strong>todo ello en aras a coadyuvar al esclarecimiento y averiguaci\u00f3n de la verdad material de los hechos.<\/span><\/span><\/o:p><\/span><\/strong><\/p>\n

En Palma de Mallorca a 31 de octubre de 2009.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Fdo. Ltdo. Bartolom\u00e9 Oliver Gay\u00e0<\/o:p><\/span><\/p>\n

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JUZGADO DE INSTRUCCI\u00d3N N\u00daMERO 10. Palma de Mallorca.- DILIGENCIAS PREVIAS 1169\/2009 \u00a0AL JUZGADO DE INSTRUCCI\u00d3N 10\u00a0 DO\u00d1A NURIA CHAMORRO PALACIOS, … M\u00e9s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2,1],"tags":[],"class_list":["post-477","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noticies","category-uncategorized",""],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/memoriadelesilles.org\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/477","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/memoriadelesilles.org\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/memoriadelesilles.org\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/memoriadelesilles.org\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/memoriadelesilles.org\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=477"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/memoriadelesilles.org\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/477\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/memoriadelesilles.org\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=477"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/memoriadelesilles.org\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=477"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/memoriadelesilles.org\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=477"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}